La votación, realizada horas antes del posible agotamiento de fondos, culminó meses de tensiones entre legisladores republicanos y la gobernadora Katie Hobbs. Foto: Cortesía / Katie Hobbs
La Cámara de Representantes de Arizona aprobó un proyecto de ley bipartidista para evitar el colapso financiero de la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD), que brinda servicios vitales a 60,000 residentes con condiciones como autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down. La votación, realizada horas antes del posible agotamiento de fondos, culminó meses de tensiones entre legisladores republicanos y la gobernadora Katie Hobbs.
El acuerdo, logrado tras negociaciones cerradas, garantiza financiamiento hasta el 30 de junio mediante el Fondo de Reembolsos de Medicamentos Recetados, en lugar de desviar $38 millones destinados a vivienda accesible. La medida incluye salvaguardas para el programa Padres como Cuidadores Remunerados (PPCG), que permite a familias recibir pago por atender a hijos que requieren cuidados extraordinarios.
“No fue fácil, pero salvaremos vidas”, declaró el representante republicano David Livingston, quien respaldó la iniciativa. El proyecto recibió apoyo unánime de los demócratas y dividió a los republicanos, con 11 votos en contra de miembros del caucus ultraderechista Arizona Freedom.
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La legislación establece un límite de 40 horas semanales para el PPCG, prohíbe facturar durante horarios escolares u hospitalizaciones, y restringe los cuidados pagados entre las 6 a.m. y 10 p.m. Además, exige auditorías y reportes de uso de fondos. Hobbs, quien calificó una propuesta previa del Senado como “inviable”, elogió el acuerdo final por priorizar “servicios críticos sin afectar programas de vivienda”.
El camino al consenso fue turbulento. En enero, republicanos rechazaron una iniciativa bipartidista de la representante Julie Willoughby, mientras que el Senado aprobó un proyecto sin apoyo demócrata, incluyendo cláusulas que críticos consideraron “barreras peligrosas” para futuras expansiones de servicios.
“El cuidado de nuestros más vulnerables es una obligación bipartidista”, afirmó el republicano Matt Gress, aunque cuestionó la expansión del PPCG bajo Hobbs sin aprobación legislativa previa.
Desde enero, familias afectadas visitaron repetidamente el Capitolio estatal, advirtiendo que sin fondos, tendrían que institucionalizar a sus hijos o dejar sus trabajos. El PPCG, que pasó de 3,000 a 6,000 participantes en un año, enfrentaba recortes inminentes tras el fin del financiamiento federal parcial en abril.
Próximos pasos
El proyecto ahora regresa al Senado, donde se anticipa un debate final. Líderes demócratas como Nancy Gutiérrez instaron a agilizar la votación: “Aunque no es perfecto, este acuerdo da certeza a las familias”, afirmó.
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Mientras tanto, el portavoz republicano Steve Montenegro resaltó que la ley incluye “transparencia para evitar futuras crisis”, aunque organizaciones advierten que las restricciones podrían limitar el acceso a cuidados esenciales.
Con el plazo límite del 30 de abril acercándose, Arizona evita por ahora un desastre humanitario, pero subraya la fragilidad de los sistemas que protegen a sus ciudadanos más vulnerables.
