El incremento afectaría a más de un millón de usuarios en 11 de los 15 condados de Arizona, donde APS opera como principal proveedor eléctrico. CORTESIA: APS / Facebook
La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, anunció una oposición frontal al aumento del 14% en tarifas eléctricas solicitado por Servicios Públicos de Arizona (APS, por sus siglas en inglés) y en un comunicado contundente, calificó la propuesta como “un intento descarado” de la empresa para “aumentar ganancias corporativas a costa de los consumidores de Arizona”.
Mayes enfatizó su deber de proteger a los ciudadanos frente a lo que considera “codicia corporativa”, subrayó que las familias arizonenses ya enfrentan inflación, tarifas ilegales y un costo de vida elevado y su despacho planea intervenir formalmente ante la Comisión Corporativa de Arizona (ACC) para bloquear la medida.
Según los datos proporcionados por la Fiscalía, los consumidores ya pagan $12 mensuales adicionales desde el último aumento del 8% aplicado en 2024 y la nueva alza sumaría $20 extra por mes, acumulando un incremento sustancial en menos de dos años; de aprobarse, generaría casi $580 millones anuales adicionales para APS a partir del verano de 2026.
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Este contexto resulta particularmente polémico al contrastarse con las finanzas de la empresa matriz, Pinnacle West Capital Corporation, que reportó $609 millones de ingresos netos en 2024 y Mayes cuestiona la necesidad del aumento señalando estas ganancias.
La medida afectaría a más de un millón de usuarios en 11 de los 15 condados de Arizona, donde APS opera como principal proveedor eléctrico, durante audiencias públicas, residentes han testimoniado que incluso $20 adicionales mensuales podrían forzarlos a elegir entre pagar la luz o cubrir necesidades básicas como alimentos o renta.
Grupos como CHISPA Arizona alertan sobre el impacto desproporcionado en minorías y comunidades hispanas. “Las personas que luchan con constantes aumentos de renta […] cargarán con un peso más grande e innecesario”, señaló Vania Guevara, subdirectora de la organización.
Mayes no llega a este combate sin conocimiento del campo, pues su experiencia como expresidenta de la ACC (2009-2010) y excomisionada corporativa (2003-2010) le otorga credibilidad técnica. Durante ese período, enfocó esfuerzos en seguridad de gasoductos y energías renovables.
Su perfil como defensora de consumidores, reforzado en su plataforma electoral, explica la rapidez de su reacción y en su sitio web oficial, prometió específicamente que las corporaciones “no tendrán vía libre” bajo su gestión.
APS ha impulsado incrementos consecutivos: 8% en 2023, 8% en 2024, y un 4.5% en 2017, colocando a Arizona entre los 12 estados con electricidad más cara; la actual propuesta busca elevar su “rendimiento de capital” del 8.7% al 10.25%.
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Mientras la empresa argumenta costos operativos crecientes, la Oficina del Fiscal General insiste en que existen márgenes para absorberlos sin trasladarlos a usuarios.
La intervención legal de Mayes marcará su primera gran batalla regulatoria desde que asumió en 2023 tras ganar por solo 280 votos, la elección más ajustada en la historia estatal y su movimiento redefine ya el rol de la Fiscalía como escudo contra poderes corporativos.
