La sala de audiencias de la ACC con capacidad para un centenar de personas, registró un lleno absoluto durante su primera sesión sobre aumentos de APS. FOTO: CORTESÍA / APS
La Comisión de Corporaciones de Arizona (ACC, por sus siglas en inglés) inauguró esta semana las audiencias probatorias para evaluar la solicitud de Arizona Public Service (APS) de incrementar sus tarifas eléctricas en un 14 por ciento, un proceso que se prolongará durante seis semanas y que arrancó con una sesión de comentarios públicos en la que decenas de clientes y grupos comunitarios expresaron su rechazo frontal a la medida.
La propuesta, que según la propia APS añadiría unos 20 dólares mensuales al recibo residencial típico, ha generado una oleada de oposición ciudadana que se materializó tanto dentro como fuera de la sede del organismo regulador en el 1200 West Washington Street de Phoenix.
“Uno no puede mudarse ni buscar otra compañía eléctrica. El único recurso que tenemos es presentarnos aquí, ante la Comisión de Corporaciones de Arizona, y pedirles que protejan a las familias trabajadoras”, declaró Ricardo Reyes, director de VetsForward y cliente de APS, durante la sesión de comentarios públicos.
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La intervención de Reyes fue una de las más aplaudidas por los manifestantes que se congregaron frente al edificio con pancartas y consignas, en una protesta que evidenció el malestar ciudadano ante lo que consideran un abuso de posición dominante por parte de la mayor eléctrica del estado.
La fiscal general Kris Mayes, que ha solicitado formalmente intervenir en el caso y aspira a la reelección este año, presentó en marzo un peritaje independiente que concluye que APS podría reducir su petición del 14 al 3 por ciento manteniendo la fiabilidad del servicio y su calificación crediticia.
“APS está pidiendo a las familias de Arizona que paguen la factura de unos beneficios para los accionistas que superan con creces lo que cualquier inversor razonable exigiría. Esto es pura codicia corporativa desbocada”, la Fiscal en su informe.
Kris Mayes estima en 524 millones de dólares anuales la transferencia innecesaria de riqueza desde los hogares a los accionistas de la compañía.
Los centros de datos emergieron como uno de los ejes centrales de las críticas durante la sesión y Blake Lister, uno de los ciudadanos que tomaron la palabra, señaló ante los comisionados.
“Los centros de datos de las grandes tecnológicas están consumiendo cada vez más electricidad de Arizona, además de exigir inversiones significativas en nueva infraestructura, lo que como resultado aumenta las facturas de todos”.
APS ha propuesto un incremento del 45 por ciento para este tipo de instalaciones, pero los críticos sostienen que el aumento general sigue trasladando a los hogares el costo de la expansión que impulsan los gigantes tecnológicos.
Nile Bunger, portavoz de la Coalición por la Equidad de Asiático-Americanos, Nativos de Hawái e Isleños del Pacífico de Arizona, subrayó la dimensión ciudadana del rechazo.
“Es nuestro derecho y nuestro deber asegurarnos de que las compañías de servicios públicos rindan cuentas y que la ACC cumpla con su trabajo escuchando nuestras voces sobre asuntos que afectan directamente a nuestros bolsillos y a nuestras vidas”.
La sala de audiencias, con capacidad para un centenar de personas, registró un lleno absoluto durante la sesión matinal de tres horas, y varios de los asistentes tuvieron que seguir las intervenciones desde el vestíbulo.
Las audiencias, presididas por un juez de derecho administrativo, se celebrarán de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 30 de junio en la sala 1 de la sede de la ACC.
El proceso se encuentra en la sexta etapa de un procedimiento de ocho fases que concluirá con la emisión de una Opinión y Orden Recomendada por parte del juez administrativo, seguida de una votación final de los cinco comisionados que no se espera antes de diciembre.
De ser aprobado, el incremento no se reflejaría en las facturas hasta principios de 2027, aunque APS ha asegurado que la propuesta no tendrá impacto alguno en los recibos de este verano.
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La propia Mayes ha vinculado explícitamente su oposición al aumento con la defensa del bolsillo de las familias trabajadoras, mientras que la comisionada Lea Márquez Peterson, una de las cinco votantes del caso, ha insistido en que “estamos escuchando muy de cerca las opiniones de los contribuyentes sobre los complejos problemas que plantea este expediente tarifario”.
