Warren Petersen, presidente del senado de Arizona y candidato a la Fiscalía General, denuncia a la fiscal general de Arizona, Kris Mayes y al secretario del estado, Adrián Fontes. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizon
El presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, presentó esta semana una denuncia ante el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra la fiscal general Kris Mayes y el secretario de Estado, Adrián Fontes, a quienes acusó de obstrucción a la justicia y manipulación de testigos.
La querella se originó después de que Mayes y Fontes solicitaran información sobre los datos de votantes que Petersen entregó al FBI en el marco de una investigación federal sobre las elecciones de 2020, una pesquisa que el líder republicano ha impulsado pese a que múltiples auditorías y tribunales han desmentido las afirmaciones de fraude.
Petersen, quien aspira a ser fiscal general en las elecciones de noviembre y enfrentaría a Mayes en la contienda general si supera las primarias republicanas del 21 de julio, calificó la carta de Mayes como “una interferencia inapropiada en la investigación del gran jurado”.
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El legislador de Gilbert encargó una opinión legal privada que concluyó que la fiscal general y el secretario de Estado habían actuado de manera inapropiada al preguntar si los registros entregados incluían información confidencial de votantes, como los del programa de confidencialidad de direcciones o datos de licencias de conducir e identificaciones tribales.
Mayes respondió con dureza a la denuncia de Petersen, calificándola como “otro ejemplo de Petersen buscando desesperadamente el favor de un presidente que no puede aceptar que perdió su reelección en 2020 de manera justa”.
La fiscal general denunció que “después de desperdiciar el dinero de los contribuyentes en la ridícula auditoría de los Cyber Ninjas, Petersen volvió a malgastar el dinero de Arizona en una opinión legal que intenta justificar su fracaso en defender el derecho constitucional de Arizona a proteger la privacidad de sus votantes”.
Fontes, por su parte, afirmó que “mientras el senador estatal Petersen continúa priorizando los deseos de Donald Trump sobre la seguridad de los votantes de Arizona, puedo afirmar con confianza que estos métodos de intimidación no detendrán nuestro trabajo”.
El secretario de Estado expresó su preocupación por la exposición de datos confidenciales y denunció que el Senado estatal y el gobierno federal “siguen evadiendo preguntas directas sobre qué información de los votantes pudo haber sido entregada ilegalmente”.
Otra demanda contra Trump
Mientras Petersen libra su batalla interna, Mayes y Fontes encabezan un frente externo contra la administración Trump y Arizona se unió a una coalición de 23 estados para demandar al presidente por su orden ejecutiva del 31 de marzo, que instruye al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social a elaborar una lista nacional de ciudadanos elegibles para votar.
El decreto también ordena al Servicio Postal que entregue boletas solo a quienes figuren en esa lista, bajo amenaza de procesamiento penal para los funcionarios electorales que no cumplan y de retención de fondos federales a los estados disidentes.
La demanda, presentada ante el tribunal federal de Massachusetts, argumenta que la orden viola la separación de poderes e interfiere ilegalmente con los programas de voto por correo de los estados.
Más del 80% de los votantes de Arizona emiten sus boletas por correo, un sistema que fue aprobado en 1991 por una Legislatura republicana y firmado por un gobernador republicano, y que se amplió en 2007 para que todos los votantes elegibles reciban automáticamente su boleta por correo.
“Millones de independientes, republicanos y demócratas en Arizona han votado por correo durante décadas”, destacó Mayes
“Las familias militares votan por correo. Los arizonenses rurales votan por correo. Los miembros de tribus votan por correo. La orden ejecutiva de Donald Trump ataca a todos estos votantes. Pero la Constitución es absolutamente clara: los estados dirigen sus elecciones. No el presidente. Y Arizona no permitirá que el gobierno federal se apodere de nuestras elecciones”, agregó.
Fontes calificó la orden como “la mayor amenaza para la seguridad de nuestras elecciones” y afirmó que “Donald Trump continúa mintiendo sobre ellas”;
“Las elecciones de Arizona son dirigidas por arizonenses —nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestra familia. Este último ataque al voto por correo y a la privacidad del votante es un ataque directo no solo a nuestros votantes, sino a nuestros administradores electorales, que trabajan día y noche para mantener la democracia en funcionamiento”, finalizó.
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La incongruencia del presidente quedó en evidencia cuando, apenas días antes de firmar la orden, Trump votó por correo en la elección especial del distrito 87 de Florida, donde reside su club Mar-a-Lago; junto a él, la primera dama Melania Trump y su hijo Barron también utilizaron boletas por correo, el mismo método que el mandatario ha calificado repetidamente como “trampa” y que su orden ejecutiva busca restringir severamente.
