Una de las métricas más críticas es la financiación, donde el estado ocupa el último lugar nacional. CORTESIA: PHX Union High School District
Arizona se consolidó por segundo año consecutivo en el último lugar del ranking nacional de sistemas de educación pública, según el informe anual de la compañía de investigación Consumer Affairs.
El estado obtuvo puntuaciones particularmente bajas en financiamiento, desempeño estudiantil y seguridad escolar, lo que ocurre en un contexto de creciente inversión en un polémico programa de vales escolares que supera los mil millones de dólares.
El informe, que evalúa tasas de graduación, resultados de pruebas estandarizadas, niveles de financiamiento, tamaño de las clases y seguridad, situó a Arizona en el puesto 49 en rendimiento estudiantil y en el 47 en seguridad.
Una de las métricas más críticas es la financiación, donde el estado ocupa el último lugar nacional.
Las aulas masificadas, con una promedio de 23 estudiantes por maestro, y una tasa de graduación de secundaria del 78%, la más baja del país, contribuyeron significativamente a esta clasificación y en contraste, la educación superior estatal obtuvo una posición relativamente mejor, en el puesto 35.
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Consumer Affairs destacó en su reporte la “fuerte cultura de elección de escuela” en Arizona, refiriéndose al Programa de Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA).
Este programa, ampliado en 2022 para estar disponible para todos los estudiantes de K-12, ofrece vales que las familias pueden utilizar para cubrir costos educativos como matrícula en escuelas privadas o materiales para educación en el hogar.
Con más de 92,000 alumnos inscritos, se prevé que el costo del programa alcance los mil millones de dólares este año escolar.
El Superintendente de Instrucción Pública de Arizona, Tom Horne, defendió el programa ESA en un comunicado por escrito, argumentando que no perjudica a las escuelas públicas porque “el financiamiento sigue al estudiante” y los distritos escolares gastan más por alumno de lo que los padres reciben en vales.
Horne enumeró una serie de iniciativas implementadas durante su gestión para mejorar el sistema, incluyendo equipos de mejora para escuelas con bajo rendimiento y un programa de tutoría con inteligencia artificial diseñado para asistir a los docentes.
“El programa ESA no es una amenaza para las escuelas públicas. Hay casi 1,2 millones de estudiantes en escuelas públicas y poco más de 90,000 estudiantes ESA, que es un porcentaje muy pequeño”, escribió Horne.
Sin embargo, esta postura es contestada por defensores de la educación pública. Geneva Fuentes, directora de comunicaciones de la Asociación de Educación de Arizona, el sindicato de docentes más grande del estado, se mostró perpleja ante el argumento de Horne.
“Hay una decisión que se ha tomado de dirigir mil millones de dólares de dinero de los contribuyentes de Arizona, no a las escuelas públicas que sirven a la gran mayoría de los estudiantes de Arizona, sino a programas que terminan siendo más una caja negra que cualquier otra cosa”, afirmó Fuentes.
Señaló la falta de datos sobre el desempeño de los estudiantes en escuelas que reciben fondos de vales, ya que las escuelas privadas que aceptan pagos ESA no están sujetas a los mismos requisitos de informes académicos y controles de antecedentes que las escuelas públicas.
La disputa se enmarca en un problema más profundo de financiación y a pesar de los incrementos en la última década, Arizona tiene el gasto por alumno más bajo del país, con 12,371 dólares en el año fiscal 2024, una cifra muy lejana de los más de 34,000 dólares por estudiante que invierte Nueva York, el estado que más gasta.
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Fuentes se refirió a una reciente sentencia de la Corte Superior del Condado de Maricopa que encontró que Arizona ha financiado de manera crónica e inconstitucional las necesidades de mantenimiento y capital de las escuelas públicas durante más de dos décadas.
“Nuestras escuelas públicas están contando centavos y luchando por cumplir su misión de servir a cada niño con un financiamiento que no solo es inadecuado, es inconstitucionalmente inadecuado”, aseveró Fuentes, desafiando a cualquier legislador a decirle que más dinero no mejora los resultados a los directores de escuelas con goteras y moho en los baños.
