Grupos de derechos armamentísticos avalan acceso personas transgénero y descalifican el intento de prohibirles su uso. Foto: Cortesía / Archivo
El Instituto Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones defensoras del derecho a portar armas expresaron una firme oposición a la consideración por parte del Departamento de Justicia (DOJ) de restringir la posesión de armas a personas transgénero, calificando la medida como inconstitucional y arbitraria.
La controversia surge después de que funcionarios del DOJ mantuvieran deliberaciones internas preliminares sobre la posibilidad de utilizar la autoridad normativa de la agencia para declarar que las personas transgénero padecen una enfermedad mental que justificaría la privación de su derecho a la posesión de armas, en respuesta al tiroteo masivo ocurrido el 27 de agosto en una escuela católica de Minneapolis, donde fallecieron dos niños y 21 resultaron heridos.
En un comunicado publicado en la red social X, el NRA afirmó: “El NRA apoya los derechos de la Segunda Enmienda de todos los estadounidenses que obedecen la ley para comprar, poseer y usar armas de fuego. El NRA no apoya, ni apoyará, ninguna propuesta de política que implemente prohibiciones generalizadas de armas que priven arbitrariamente a ciudadanos que obedecen la ley de sus derechos de la Segunda Enmienda sin el debido proceso”.
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La organización insistió en que “la Segunda Enmienda no está en debate” .
Otras organizaciones se sumaron a la crítica: la Fundación de la Segunda Enmienda (SAF), con sede en Washington, declaró su “oposición rotunda” a cualquier política que singularice a un subconjunto de la población para un tratamiento dispar, argumentando que el derecho a poseer armas solo puede revocarse tras un “debido proceso largo y exhaustivo” que demuestre un peligro para la sociedad.
Gun Owners of America (GOA) también denunció los planes, subrayando que se oponen a “todas las prohibiciones de armas, ya sean propuestas por republicanos o demócratas”.
Expertos legales advirtieron sobre los serios obstáculos constitucionales que enfrentaría tal medida.
Tobias Barrington Wolff, profesor de derecho de la Universidad de Pensilvania, señaló que cualquier intento de restringir el acceso a las armas de toda una clase de adultos conduciría a un repudio constitucional “rápido y contundente”.
Wolff destacó que “ser transgénero no convierte a una persona en enferma mental” y que, “por el contrario, las personas trans son objetivo de violencia con tasas más altas que casi cualquier otro grupo”.
La abogada de derechos civiles Khadijah Silver del grupo Lawyers for Good Government (L4GG) aportó datos contextuales.
“Las personas transgénero constituyen el 1% de la población total en Estados Unidos, pero solo representan el 0,11% de los tiradores masivos”, según datos del Archivo de Violencia Armada.
Silver añadió que estadísticamente, los individuos transgénero son “significativamente menos propensos que la población general a cometer estos crímenes” y en cambio, tienen cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de delitos.
La discusión se enmarca en una serie de órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump sobre personas transgénero, que incluyen la prohibición de servir en el ejército y la orden de que las prisiones federales ubiquen a reclusos transgénero en instalaciones correspondientes al sexo que se les asignó al nacer.
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Aunque las conversaciones en el DOJ son preliminares y no se ha finalizado ninguna propuesta, la medida representaría una escalada dramática en los esfuerzos de la administración por restringir los derechos de las personas transgénero.
Mientras el debate continúa, la oposición desde diversos frentes políticos y sociales sugiere que cualquier intento de implementar tal prohibición enfrentaría no solo desafíos legales inmediatos, sino también una significativa resistencia civil.
