Los magistrados concluyeron que los tribunales inferiores no aplicaron el estándar legal correcto para evaluar el uso de fuerza letal contra Ashtian Barnes en Texas. Foto: Cortesía /
Tras casi una década de lucha judicial, la Corte Suprema de Estados Unidos ha reabierto el caso de Ashtian Barnes, un joven afroamericano asesinado durante una parada de tránsito en el área de Houston en 2016. En una decisión unánime, los magistrados concluyeron que los tribunales inferiores no aplicaron el estándar legal correcto para evaluar si el uso de fuerza letal por parte del oficial Roberto Félix violó la Constitución.
El abogado Danny Ortega Jr., quien sigue de cerca este tipo de casos, calificó la decisión como significativa. “Esta decisión abre una esperanza para quienes han sido víctimas de la policía. Es un mensaje claro de que los tribunales deben mirar todo el contexto, no solo el instante en que se dispara un arma”, expresó.
El caso se remonta a un incidente ocurrido cuando Barnes, al volante del auto alquilado de su pareja, fue detenido por supuestas multas de peaje atrasadas y según el informe oficial, al no portar licencia y al intentar marcharse con la puerta abierta, el oficial Félix se subió al estribo del vehículo en movimiento y disparó dos veces, matando a Barnes en el lugar. Todo quedó registrado en video.
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Janice Hughes Barnes, madre de la víctima, presentó una demanda por violación de derechos civiles, argumentando que el uso de fuerza fue excesivo y violó la Cuarta Enmienda.
Sin embargo, los tribunales inferiores desestimaron su reclamo, basándose únicamente en el llamado “momento de la amenaza”, una doctrina que considera exclusivamente si el agente temía por su vida en el instante del disparo, sin tener en cuenta los eventos previos.
Esa interpretación fue duramente cuestionada por la Corte Suprema y en la opinión escrita por la jueza Elena Kagan, se aclaró que el análisis de la razonabilidad del uso de fuerza debe considerar la “totalidad de las circunstancias” y que “no tiene límite temporal”.
La jueza advirtió que ignorar lo ocurrido antes del uso de fuerza impide evaluar con justicia la actuación del agente.
“Un tribunal que analiza un caso de uso de fuerza no puede revisar la totalidad de las circunstancias si se pone una venda cronológica”, afirmó Kagan.
Por tal motivo la Corte devolvió el caso al Quinto Circuito de Apelaciones para que lo reexamine con ese criterio más amplio, explicó Ortega.
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El caso Barnes ha durado ya nueve años, y con el fallo actual podría extenderse hasta 15 antes de una resolución final.
“Esa demora es parte del dolor que enfrentan muchas familias cuando buscan justicia”, añadió Ortega Jr.
