La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció una inyección de 2.1 millones de dólares para aliviar la crisis alimentaria que se prevé será generada por la suspensión federal del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
Los fondos, provenientes del Acta del Plan de Rescate Estadounidense, (ARPA) se distribuirán entre la Red de Bancos de Alimentos de Arizona y un nuevo programa de alimentos frescos.
Esta medida busca paliar la grave situación que afecta a más de 900,000 arizonenses que dependían de los beneficios SNAP, los cuales representaban aproximadamente 150 millones de dólares mensuales en asistencia alimentaria para el estado.
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“Es devastador imaginar lo que las familias de Arizona están pasando mientras intentan poner comida en su mesa”, declaró Hobbs, revelando que ella misma en el pasado dependió de cupones de alimentos para sobrevivir.
La asignación específica incluye 1.8 millones de dólares para los bancos de alimentos que actualmente atienden a más de 770,000 personas mensualmente, una cifra que se espera aumente drásticamente durante noviembre.
Adicionalmente, se destinaron 300,000 dólares para “Food Bucks Now”, programa que proporcionará vales de 30 dólares a hogares afectados para comprar productos frescos en mercados agrícolas y tiendas comunitarias.
La gobernadora enfatizó que aunque estos recursos proporcionan alivio inmediato, no pueden reemplazar la escala de la asistencia federal suspendida; por ello, instó al presidente Trump a actuar inmediatamente para “garantizar que veteranos, ancianos y niños vulnerables de Arizona no pasen hambre este noviembre” .
April Bradham, presidenta de la Red de Bancos de Alimentos de Arizona, expresó gratitud por la inversión estatal y la asociación para enfrentar la demanda esperada. “Los bancos de alimentos ya están sirviendo un número sin precedentes de personas, por lo que el apoyo adicional es profundamente necesario y apreciado”, afirmó Bradham.
Paralelamente a estas medidas, la fiscal general Kris Mayes se unió a una demanda multitudinaria contra la administración Trump por suspender “ilegalmente” la asistencia alimentaria durante el cierre del gobierno.
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Hobbs también hizo un llamado a minoristas, supermercados y la industria de productos frescos para que contribuyan con alimentos, recursos y apoyo logístico a las comunidades más vulnerables.
La crisis evidencia la fragilidad de los sistemas de seguridad alimentaria cuando dependen exclusivamente de fondos federales, especialmente durante paralizaciones gubernamentales que sacrifican necesidades básicas de la población por disputas políticas en Washington.
