El Departamento de Educación del estado distribuyó 128.3 millones de dólares a 1,153 escuelas para financiar policías, consejeros y personal de seguridad. Foto: Cortesía / Phoenix Police Department
El Auditor General de Arizona expuso graves deficiencias en la administración del programa de subvenciones para seguridad escolar durante el año fiscal 2025, según un informe publicado el 7 de agosto, el Departamento de Educación del estado (ADE, por sus siglas en inglés) distribuyó 128.3 millones de dólares a 1,153 escuelas para financiar policías, consejeros y otro personal de seguridad, basándose únicamente en “reconocimientos escritos” de cumplimiento, sin verificar documentación probatoria.
La auditoría analizó 16 escuelas beneficiarias y detectó que 15 incumplían requisitos críticos, como desarrollar evaluaciones de necesidades de seguridad o planes operativos para abordar riesgos específicos (acoso, drogas o violencia).
Nueve instituciones carecían completamente de planes de seguridad y dos los presentaron incompletos, situación que según los auditores “podría limitar su capacidad para priorizar y abordar riesgos urgentes” y pese a ello, recibieron más de un millón de dólares en fondos.
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El programa, creado en 1994 para financiar agentes policiales en centros educativos y ampliado en 2019 para incluir consejeros, cuadruplicó su presupuesto entre 2020 y 2025, pasando de 32 a 128 millones anuales.
El número de escuelas participantes se duplicó, alcanzando las 1,153, mientras que el personal administrativo dedicado solo aumentó de dos a cuatro empleados.
Doug Nick, portavoz del ADE, reconoció que la expansión “sin un aumento proporcional de personal” hizo imposible mantener los niveles de supervisión previos.
Como medida para “reducir la carga burocrática”, el departamento eliminó en 2020 exigencias clave como certificados de capacitación o actas de reuniones de equipos de seguridad.
La auditoría también identificó irregularidades financieras: en 2022, el ADE reembolsó 43,000 dólares a una escuela por una consejera sin recibir informes de gastos, aumentando el riesgo de “fraude, malversación o abuso”.
Hasta 2025, el monitoreo se limitó a declaraciones juradas de cumplimiento, sin revisiones documentales o visitas in situ sistemáticas. Solo ese año se iniciaron cuatro visitas físicas.
El superintendente Tom Horne aceptó los hallazgos y prometió implementar las recomendaciones, aunque defendió la labor del equipo administrativo: “Este equipo de cuatro personas trabajó incansablemente para garantizar que las escuelas tuvieran los recursos necesarios”.
No obstante, el informe subrayó que la falta de planes de seguridad operativos dejaba a las escuelas incapacitadas para abordar riesgos como los 221 tiroteos escolares registrados en el país entre 2018 y 2024, que causaron 140 muertes y 376 heridos.
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El ADE anunció que desarrollará protocolos para revisar una “muestra representativa” de escuelas anualmente, aunque admitió que su personal actual no permite auditorías completas.
La dependencia también retomará progresivamente las visitas in situ, cuya escasez había impedido verificar datos críticos como la efectividad real del programa.
