El uso de gases lacrimógenos contra policías locales, el disparo mortal a una mujer y el ataque a un pastor, lo que ha alimentado las masivas protestas exigiendo el respeto a las libertades civiles y la planificación para el mega movimiento “No Kings” en miles de ciudades para el próximo 18 de octubre. CORTESIA: Nancy Rosenstock
Llaman el 18 de octubre a movimiento “No Kings” en más de 2,000 ciudades del país
La administración Trump enfrenta una crisis de credibilidad creciente tras documentarse múltiples incidentes de violencia por parte de agencias federales en Chicago, incluyendo el uso de gases lacrimógenos contra policías locales, el disparo mortal a una mujer y el ataque a un pastor, lo que ha alimentado las masivas protestas exigiendo el respeto a las libertades civiles y la planificación para el mega movimiento “No Kings” en miles de ciudades para el próximo 18 de octubre.
En un giro que ha intensificado el pulso entre el gobierno federal y las ciudades santuario, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está en el ojo del huracán por el uso de fuerza desproporcionada en Chicago, donde sus agentes han empleado gases lacrimógenos que afectaron incluso a policías municipales, han disparado fatalmente a una ciudadana estadounidense y han agredido a un pastor, según documenta una demanda judicial y reportes de prensa .
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Estos incidentes han avivado la indignación nacional, canalizándose en las masivas protestas del movimiento “No Kings” que a lo largo del año ha reunido a cientos de miles de personas a las calles en los cincuenta estados para rechazar lo que denominan un giro autoritario del presidente Donald Trump .
La violencia se recrudeció durante las protestas frente al centro de procesamiento de ICE en Broadview, un suburbio al oeste de Chicago.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que agentes federales le dispararon a una mujer el sábado por la mañana en el suroeste de Chicago.
Según el DHS, la mujer era ciudadana estadounidense, tenía un arma semiautomática y los disparos se produjeron cuando un grupo de personas embistió con sus coches a los vehículos de los funcionarios de inmigración.
La vicesecretaria del Departamento, Tricia McLaughlin, afirmó que la mujer se dirigió por sus propios medios a un hospital para recibir tratamiento.
La versión oficial fue desmentida por las grabaciones de testigos del evento y aparentemente también por las cámaras corporales de los agentes que hasta el momento no han sido mostradas al público.
Los agentes de ICE también fueron acusados de realizar un ataque indiscriminado contra manifestantes, entre ellos el pastor David Black, de la Primera Iglesia Presbiteriana de Chicago.
En una declaración jurada presentada como parte de una demanda, el pastor relató que extendió sus brazos con las palmas de las manos abiertas, “en una postura cristiana tradicional de oración y bendición” hacia los agentes.
“Sin previo aviso, y sin ninguna orden ni solicitud de que yo y los demás nos dispersáramos, los agentes del ICE me dispararon repentinamente. En un tiroteo rápido, me impactaron siete veces en los brazos, la cara y el torso con perdigones explosivos que contenían algún tipo de agente químico. Tenía claro que los agentes apuntaban a mi cabeza, donde me impactaron dos veces”, señaló .
La situación escaló aún más cuando agentes de ICE desplegaron gases lacrimógenos durante un intento por disipar a manifestantes, y el efecto se extendió hasta afectar a oficiales del Departamento de Policía de Chicago que se encontraban en el lugar. Según se pudo ver en un video verificado por la agencia Storyful, varios agentes policiales aparecieron frotándose los ojos, entrecerrándolos y luchando contra los efectos del gas.
El jefe de policía de Broadview, Thomas Mills, declaró que sus oficiales habían estado expuestos al gas lacrimógeno en múltiples ocasiones durante incidentes previos con agentes de ICE, lo que calificó como una “situación peligrosa” para la comunidad y los primeros auxiliares.
La respuesta legal
En respuesta a esta ola de operativos, el alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson, anunció el establecimiento de “zonas libres de ICE”, una orden ejecutiva que prohíbe a las autoridades migratorias utilizar estacionamientos y terrenos propiedad del Ayuntamiento de Chicago.
“Debemos tomar medidas más drásticas que las anteriores porque lo que estamos presenciando es un intento más radical de socavar nuestra democracia”, recalcó Johnson en una conferencia de prensa .
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La directiva establece que todos los departamentos municipales deben colocar señalización en sus propiedades y utilizar barreras físicas para restringir el paso no autorizado, aunque aclara que “no limita ni restringe” la ejecución de órdenes judiciales legales.
Paralelamente, varias organizaciones, entre ellas la Unión para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU), interpusieron una demanda denunciando la violencia federal.
El documento judicial, que incluye los testimonios del pastor Black y de otros afectados, afirma que “nunca en la era moderna el Gobierno federal ha socavado las protecciones constitucionales fundamentales a esta escala, ni ha usurpado el poder policial de los Estados”.
La demanda alega que “esta violencia desenfrenada por parte del Gobierno federal es un intento flagrante de interferir con los derechos más preciados y fundamentales consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de creencias religiosas y el derecho a reunirse pacíficamente”.
La combinación de los operativos federales en Chicago, los documentados abusos y la masiva respuesta ciudadana del “No Kings” han consolidado un frente de oposición que ve en las acciones de la administración Trump una amenaza directa a los pilares democráticos, configurando un escenario de confrontación política y social que parece lejos de apaciguarse.
