Mientras se proclamaba defensor de la integridad electoral el ex representante estatal republicano Austin Smith falsificaba firmas para lograr su postulación. CORTESIA: Fiscalía General de Arizona
Austin Smith sentenciado a libertad condicional y vetado en puestos públicos
El exrepresentante estatal republicano por el distrito 29 de Arizona, Austin Smith, fue sentenciado a dos años de libertad condicional y una multa por falsificar firmas en sus peticiones de nominación, un caso que expone una profunda contradicción en el debate político actual
Mientras el condenado fue un prominente promotor de teorías de fraude electoral, sus propias acciones fueron las que atentaron directamente contra la confianza en los comicios, según señalaron las autoridades judiciales.
Smith, se declaró culpable en noviembre de cargos por esquemas fraudulentos y firma ilegal de peticiones electorales.
Admitió haber falsificado firmas, incluyendo la de una mujer fallecida, en documentos presentados en marzo de 2024 para intentar calificar a las primarias republicanas.
La jueza Aryeh Schwartz del Tribunal Superior del condado de Maricopa impuso la sentencia a inicios de semana que incluye dos años de libertad condicional, una multa económica y la prohibición de postularse a un cargo público durante cinco años.
“Falsificar firmas, incluso las de personas que han fallecido, para aparecer en la papeleta es ilegal y erosiona la confianza en nuestras elecciones”, declaró la fiscal general de Arizona, Kris Mayes.
La fiscal agregó que su despacho “continuará responsabilizando a cualquiera que intente engañar al sistema y a los votantes de Arizona”.
Este caso destaca por la marcada contradicción entre el discurso público de Smith y sus acciones; durante su campaña, el exlegislador se presentó como un defensor de la integridad electoral.
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Apoyó públicamente la revisión republicana de los resultados de 2020 en el condado de Maricopa y patrocinó una propuesta para prohibir el voto por correo. Inicialmente, Smith restó importancia a las acusaciones, llamándolas un “ataque coordinado de los demócratas” que era “absurdo”.
Smith, quien se desempeñaba como director senior del grupo Turning Point Action, renunció en abril de 2024 cuando surgieron las primeras preguntas sobre las firmas.
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Su abogado, Kurt Altman, declaró ante la jueza que su cliente estaba “mortificado por su conducta” y “avergonzado por el lapso de juicio”; la jueza Schwartz reconoció que Smith aceptó la responsabilidad, pero subrayó que su ofensa “socavó la integridad del proceso electoral”.
El caso se resolvió mediante un acuerdo que redujo los cargos iniciales, pues Smith había sido acusado originalmente por un gran jurado en junio de 2025 con 14 delitos, incluyendo cuatro felonías.
La sentencia cierra un capítulo que ilustra la tensión entre el discurso político sobre la seguridad electoral y los delitos reales que la comprometen, dejando una pregunta persistente sobre el impacto de estas acciones en la ya frágil confianza pública en el sistema democrático de Arizona.
