Autoridades estadounidenses anunciaron la extradición a México a un presunto implicado en el caso Ayotzinapa tras su captura por ICE. Foto: Cortesía / DHS
Ariel Núñez Figueroa, un mexicano buscado por su presunta participación en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, fue deportado este 6 de marzo desde Estados Unidos a México por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Su arresto y entrega reavivan la esperanza de justicia para las familias de las víctimas, en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en América Latina.
Núñez Figueroa, de 30 años, fue localizado en Houston, Texas, en septiembre de 2024, tras una alerta de Interpol. Según ICE, ingresó ilegalmente a EE.UU., aunque se desconoce la fecha y el lugar. Tras su detención, un juez de inmigración ordenó su deportación en enero, culminando en su traslado desde el centro de procesamiento de Montgomery (Texas) hasta el puente Juárez-Lincoln en Laredo, donde fue recibido por autoridades mexicanas.
“Durante casi once años, este fugitivo evadió a la justicia mientras las familias esperaban respuestas”, declaró Bret Bradford, director de ICE en Houston. La operación contó con apoyo de la Embajada estadounidense en México y organismos internacionales.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados por policías municipales y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto, los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, versión rechazada por familias y organismos internacionales.
Núñez Figueroa es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la red que coordinó el ataque. Aunque su rol específico no se ha detallado públicamente, su extradición se suma a las 36 órdenes de arresto giradas desde 2020, bajo la actual administración, que ha reabierto el caso.
Las familias de los 43, representadas por el grupo Frente Unido por Nuestros Desaparecidos, recibieron la noticia con cautela. “Cada detención cuenta, pero seguimos exigiendo verdad plena”, declaró Clemente Rodríguez, padre de Christian, uno de los normalistas desaparecidos.
Organizaciones como Amnistía Internacional destacaron la importancia de la cooperación bilateral, pero recordaron que 34 de los 43 estudiantes siguen sin identificarse plenamente. “La deportación es un paso, pero falta desmantelar las redes de impunidad que protegieron a los responsables”, señaló Edith Olivares, directora de la oficina en México.
En 2022, una comisión de la verdad creada por el presidente López Obrador determinó que el crimen fue un “acto de Estado” con participación de autoridades federales, municipales y el ejército. Hasta ahora, 120 personas han sido vinculadas a proceso, incluyendo militares y exfuncionarios.
Sin embargo, solo 34 condenas se han logrado, y figuras clave como Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, permanecen prófugos en Israel. La extradición de Núñez Figueroa podría aportar nuevos testimonios sobre la cadena de mando y el paradero de los restos.
México enfrenta presión internacional para resolver el caso, especialmente tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2023 exigió acelerar las pesquisas. Para las familias, la lucha continúa: marchas, plantones y litigios siguen siendo herramientas para mantener viva la demanda de justicia.
Mientras Núñez Figueroa enfrenta cargos por secuestro y crimen organizado, Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de resistencia y un recordatorio de que, en México, la justicia tarda, pero no debe olvidar.
