Los bancos de comida de Arizona ya habían reportado un incremento del 35 por ciento de personas que solicitaban alimentos. CORTESIA: St. Mary’s Food Bank / Facebook
El cierre del gobierno federal, que este jueves se convierte en el más largo de la historia de Estados Unidos al alcanzar los 37 días, tiene en vilo a casi un millón de arizonenses que dependen del programa SNAP para alimentarse, una crisis agravada por las contradictorias acciones de la administración Trump, la cual fue ordenada judicialmente a liberar fondos de contingencia para el programa.
Mientras Donald Trump condiciona en sus redes sociales la restauración completa de los beneficios a que los demócratas “abran el gobierno”, su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirma que se cumplirá el mandato de los jueces “pero llevará tiempo”, lo que genera una angustiosa incertidumbre entre la población vulnerable .
La administración Trump, desafiando inicialmente la orden judicial, finalmente accedió a distribuir beneficios parciales para noviembre utilizando un fondo de reserva de 4,650 millones de dólares, una cantidad que solo cubre aproximadamente la mitad de la ayuda mensual habitual para los 42 millones de beneficiarios a nivel nacional.
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Esta decisión deja a los casi 900,000 beneficiarios en Arizona, que incluyen a 30,000 veteranos y a uno de cada cuatro niños del estado, enfrentando recortes severos en su asistencia alimentaria.
En Arizona, la fiscal general Kris Mayes celebró la orden judicial que obligó al gobierno a actuar, pero la realidad sobre el terreno es desesperante; las despensas de alimentos y los bancos de comida reportan un aumento drástico en la demanda, ya que las familias acuden en busca de ayuda para llenar el vacío dejado por los beneficios federales retrasados y reducidos.
Los bancos de comida en Arizona reportan un aumento del 35% en la demanda de asistencia alimentaria desde finales de 2024 y hasta semanas previas al cierre de gobierno, una cifra alarmante que podría escalar drásticamente tras la interrupción del programa de apoyo alimentario (SNAP, por sus siglas en inglés).
Este escenario ha motivado un llamado urgente a la solidaridad comunitaria para evitar una crisis humanitaria generalizada y la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, junto a directores de organizaciones benéficas, alertó que aproximadamente 900,000 arizonenses quedarán sin esta ayuda esencial, incluyendo 400,000 residentes de la capital estatal.
Representantes de los bancos de comida de Phoenix, reconocieron que “estamos trabajando para que algunas personas comiencen sus propias mini distribuciones en los vecindarios, de modo que lugares como el banco de alimentos comunitario no se vean completamente saturados, porque ese es uno de nuestros mayores temores” .
La situación es particularmente grave en las comunidades rurales de Arizona, donde los sistemas de apoyo ya son frágiles; Brenda Sánchez, directora ejecutiva del Southeast Arizona Health Education Center, afirmó que “en nuestras comunidades rurales, los bancos de alimentos y las despensas ya reciben menos comida que en las zonas urbanas”, y expresó su preocupación de que, a pesar de la ayuda estatal, estas comunidades históricamente “reciben las sobras”.
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La gobernadora Katie Hobbs destinó 1.8 millones de dólares de fondos de emergencia para ayudar a los bancos de alimentos, una medida que, aunque necesaria, se anticipa insuficiente ante la magnitud de la crisis.
Mientras las familias en Arizona recurren a bancos de alimentos y organizaciones comunitarias para poder comer, la advertencia de un funcionario del USDA de que los trámites para calcular y entregar los beneficios parciales podrían tomar “desde unas pocas semanas hasta varios meses” prolonga la agonía de quienes dependen de este salvavidas nutricional, sumiéndolos en un limbo mientras la disputa política en Washington permanece estancada.
