Tom Horne afirma que la fiscal general de Arizona y la gobernadora Katie Hobbs están intentando “matar” el programa de becas universales. FOTO: Oscar Ramos
Una fuerte controversia sacude el programa de becas universales, donde la fiscal general de Arizona, Kris Mayes investiga su sistema de auditorías amenazó con acciones legales contra el superintendente estatal de Instrucción Pública, Tom Horne, por el manejo de las Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA, por sus siglas en inglés.
El conflicto central gira en torno al sistema de auditorías basadas en riesgo del programa, el cual aprueba automáticamente compras inferiores a dos mil dólares.
La fiscal Mayes subraya que ningún funcionario público puede permitir el mal uso de los fondos de los contribuyentes, destinados únicamente a fines educativos.
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“Lo que diría es que la demanda no está descartada, pero realmente lo estamos presionando para que haga las reformas necesarias”, declaró Mayes, refiriéndose a Horne.
La fiscal argumenta que la corrupción podría colapsar un programa vital para familias, como las de niños con autismo.
En respuesta, el superintendente Horne defendió el sistema actual, explicando que evita que los padres esperen tres meses para un reembolso menor.
Horne acusó a Mayes de intentar silenciosamente eliminar el programa, que ofrece alternativas a las escuelas públicas.
“Hay dos personas en este estado que están tratando de matar silenciosamente el programa de ESA: la fiscal general y la gobernadora”, afirmó Horne, criticando lo que percibe como una oposición ideológica.
Las acusaciones se intensifican respecto al manejo de casos de fraude, pues Horne afirma que su departamento ha recuperado más de 400,000 dólares y ha deshabilitado 700 cuentas por mal uso.
El superintendente acusó a Mayes de rechazar el enjuiciamiento de padres que malversaron 158,000 dólares, citando compras de cristales y probióticos vaginales. “Enviamos a ella un caso donde alguien… compró 64,000 dólares en cristales, obviamente para un negocio, y se negó a procesarlo”, declaró Horne.
La oficina de la fiscal general rebatió estas afirmaciones, señalando que tienen ocho investigaciones activas por fraude en el programa ESA.
Richie Taylor, director de comunicaciones, explicó que los casos citados por Horne no cumplían con el estándar para un enjuiciamiento penal, a pesar de ser gastos inapropiados y esta divergencia en criterios legales profundiza el conflicto entre las dos autoridades electas.
El enfrentamiento trasciende lo administrativo y se enmarca en un debate nacional sobre la elección escolar; Horne defendió el programa como una necesidad para familias cuyos hijos no encuentran respuesta en el sistema público tradicional.
Mayes, en cambio, insiste en que la sostenibilidad del programa depende de una supervisión financiera estricta y de evitar cualquier malversación, pero el desacuerdo deja en el limbo a miles de familias que dependen de estos fondos.
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La controversia parece lejos de resolverse, con ambos funcionarios manteniendo posturas firmes y acusaciones públicas; el resultado podría redefinir la operación y el futuro de un programa educativo clave para Arizona.
Mientras tanto, la incertidumbre administrativa y legal continúa, afectando a las familias y al sistema educativo estatal.
