La propuesta conocida como ESA establece un límite de ingresos familiares de ciento cincuenta mil dólares para acceder a las becas. Foto: Cortesía / Freepik
El programa de Cuentas de Becas de Empoderamiento de Arizona superó este enero los cien mil estudiantes inscritos; seis mil familias se suman cada trimestre a un sistema que cuesta mil millones de dólares anuales al erario.
Seis de cada diez dólares gastados, unos ciento cuatro millones el trimestre pasado, se destinaron a colegiaturas y textos escolares, el resto financia materiales para educación en casa, una categoría bajo escrutinio por compras que incluyen joyas, entradas a parques acuáticos y clases de manejo en automóviles de lujo.
Las compras inferiores a dos mil dólares se aprobaban automáticamente y el fraude se descubría después, si acaso.
Contra ese telón de fondo, la Asociación de Educación de Arizona y Save Our Schools presentaron el 6 de febrero una iniciativa popular bautizada como “Ley de Protección de la Educación y Responsabilidad Ahora”.
La propuesta establece un límite de ingresos familiares de ciento cincuenta mil dólares para acceder a las becas; exige que las escuelas privadas que reciban fondos estatales realicen verificaciones de huellas dactilares a sus empleados y cumplan normas básicas de seguridad contra incendios; además, prohíbe explícitamente gastar el dinero en artículos de lujo, viajes internacionales o vehículos motorizados.
Los promotores necesitan reunir 255,949 firmas antes de julio para llevar la medida a las urnas en noviembre.
La respuesta del presidente de la Cámara, Steve Montenegro, fue inmediata: “Esta campaña tiene un objetivo claro: arrebatar a los padres la libertad de elegir la mejor educación para sus hijos”.
El republicano de Goodyear advirtió que la iniciativa “expulsaría a decenas de miles de estudiantes de escuelas que funcionan para ellos y los devolvería a sistemas de distrito que ya han fallado a demasiadas familias”.
Montenegro vinculó el movimiento con los paros docentes de la semana pasada, insinuando una conspiración sindical para destruir la libertad educativa.
La gobernadora Katie Hobbs propuso en enero un límite más generoso de 250,000 dólares y su iniciativa ni siquiera recibió audiencia en la Legislatura de mayoría republicana.
Beth Lewis, directora de Save Our Schools, lo resume con ironía amarga: “Han tenido tres años para hacer estas reformas. Se han negado obstinadamente. Ahora el pueblo tomará cartas en el asunto”.
El Instituto Goldwater, firme defensor del programa, publicó un desmentido punto por punto: las ESA no han reducido el financiamiento escolar, la mayoría de familias beneficiarias no son ricas y el programa incluye auditorías estrictas.
Jenny Clark, madre beneficiaria y directora de Love Your School, añade que el fraude es mínimo comparado con cien mil usuarios legítimos.
Sin embargo, las cifras de la Asociación de Educación hablan otro idioma. Una encuesta de noviembre de 2025 reveló que 67% de los arizonenses apoyaría un paquete de supervisión; 86% exige huellas dactilares para empleados de escuelas privadas y 73% quiere prohibir gastos en artículos de lujo. No es capricho gremial: es voluntad popular expresada con margen de dos a uno.
Mientras tanto, en Chandler Unified, cuatro mil estudiantes han desertado desde 2022; el consejo escolar acaba de eliminar sesenta plazas entre administradores y entrenadores. Un maestro declaró ante las cámaras que le piden hacer el trabajo de tres personas.
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Montenegro promete defender el programa: “Los republicanos de la Cámara construimos el programa de elección escolar más sólido de la nación porque los padres, no el gobierno ni los jefes sindicales, saben lo que sus hijos necesitan”.
En noviembre, quienes corean “libertad” y quienes denuncian “despilfarro” se encontrarán frente a frente en las urnas. Y entonces, como siempre, hablarán los números.
