Aileen Cannon, designada por Trump en 2020, permite mantener ocultos los hallazgos de una investigación que alguna vez fue considerada la más grave de las cuatro causas penales en su contra. CORTESIA: US District Court for the Southern District of Florida
Jueza Aileen Cannon rechaza permanentemente la publicación en caso de documentos clasificados
La jueza federal Aileen Cannon emitió una orden definitiva que prohíbe al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) liberar el segundo volumen del informe del fiscal especial Jack Smith, el cual documenta la investigación sobre el presunto almacenamiento ilegal de documentos clasificados por parte del presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago tras su primer mandato.
La decisión de la jueza, designada por Trump en 2020, representa un triunfo significativo para los esfuerzos del mandatario por mantener ocultos los hallazgos de una investigación que alguna vez fue considerada la más grave de las cuatro causas penales en su contra.
En su escrito de 15 páginas, Cannon criticó duramente a Smith por haber redactado el informe después de que ella desestimara el caso en julio de 2024, argumentando que el fiscal especial había sido nombrado inconstitucionalmente y carecía de autoridad para presentar cargos.
Te puede interesar: Boicot demócrata a primer informe de Trump
“Decir que esta cronología representa, como mínimo, una preocupante violación del espíritu de la Orden de Desestimación es quedarse corto, si no una infracción total de la misma”, escribió la magistrada, calificando las acciones de Smith como una “estratagema descarada”.
Cannon fundamentó su decisión en que divulgar el informe ahora “contravendría nociones básicas de justicia” y constituiría una “injusticia manifiesta”, dado que el caso nunca llegó a un jurado y los acusados aún gozan de la presunción de inocencia.
“El tribunal se esfuerza por encontrar una situación en la que un ex fiscal especial haya publicado un informe después de iniciar cargos penales que no resultaron en una declaración de culpabilidad”, argumentó la jueza, estableciendo una distinción con otros casos donde fiscales especiales sí hicieron públicos sus informes.
La investigación de Smith había producido dos volúmenes, el primero, que detalla los esfuerzos de Trump por anular los resultados de las elecciones de 2020, fue publicado en enero de 2025 por el entonces fiscal general Merrick Garland, días antes de que el presidente dejara el cargo.
El segundo volumen, ahora permanentemente bloqueado, contenía el detalle de las acusaciones de que Trump almacenó documentos de defensa nacional, incluidos materiales sobre programas nucleares, en espacios como una ducha y un salón de baile de Mar-a-Lago, y que obstruyó los esfuerzos del gobierno por recuperarlos.
La orden de Cannon también beneficia a los dos coacusados de Trump, Walt Nauta y Carlos De Oliveira, quienes argumentaron que la divulgación del informe los perjudicaría.
El Departamento de Justicia, ahora bajo el liderazgo de la fiscal general Pam Bondi, respaldó la posición del presidente, calificando el informe como una “comunicación deliberativa interna que es privilegiada y confidencial” que debería permanecer en el “basurero de la historia”.
Grupos de transparencia como American Oversight y el Knight First Amendment Institute, que han presionado durante meses por la liberación del informe, anunciaron que continuarán su lucha en tribunales superiores.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, denunció que “la decisión de la jueza Cannon continúa un preocupante patrón de fallos que protegen al presidente del escrutinio público y colocan el secreto por encima del derecho del público a saber”.
Scott Wilkens, del Knight Institute, calificó la decisión como “imposible de conciliar con la Primera Enmienda”.
La batalla legal ahora se traslada al Undécimo Circuito de Apelaciones, donde los grupos de vigilancia esperan revertir una decisión que, según argumentan, priva a los contribuyentes que financiaron la investigación del derecho a conocer sus resultados.
Mientras tanto, la abogada de Trump, Kendra Wharton, elogió a Cannon por su “valentía y resolución judicial” en una cuestión de debido proceso que, según dijo, “debería enseñarse en las facultades de derecho de todo Estados Unidos”.
