El “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior”, enviado a la Universidad de Arizona y otras más de élite, representa un esfuerzo sin precedentes del gobierno federal por remodelar los recintos universitarios, un movimiento que ha desatado una intensa polémica sobre la autonomía universitaria y la libertad de expresión. CORTESIA: The University of Arizona / Facebook
Llaman a Universidad de Arizona a pacto político con la Casa Blanca
La administración del presidente Donald Trump ha extendido una invitación con fuertes implicaciones ideológicas a nueve universidades de élite, incluida la Universidad de Arizona, ofreciendo un acceso preferencial a fondos federales a cambio de la adopción de una serie de políticas educativas y sociales alineadas con su agenda conservadora.
Este “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior”, un documento de diez páginas enviado a los centros esta semana, representa un esfuerzo sin precedentes del gobierno federal por remodelar los recintos universitarios, un movimiento que ha desatado una intensa polémica sobre la autonomía universitaria y la libertad de expresión.
El acuerdo requiere que las instituciones se comprometan con una visión particular en temas de admisiones, deportes femeninos, libertad de expresión y disciplina estudiantil.
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Entre las medidas más significativas se encuentra la prohibición de considerar la raza, el género u otros datos demográficos en las admisiones y contrataciones; la imposición de un tope del quince por ciento para estudiantes internacionales de pregrado; la obligatoriedad de los exámenes de admisión estandarizados SAT o ACT para los aspirantes; y una congelación de la matrícula para estudiantes estadounidenses durante cinco años.
Además, el pacto exige a las universidades que adopten la definición gubernamental de género, basada en “la función reproductiva y los procesos biológicos”, para su aplicación en baños, vestuarios y equipos deportivos femeninos.
Para la Universidad de Arizona, la presión de la Casa Blanca llega en un momento de alta sensibilidad; la institución, que recibió más de cuatrocientos setenta millones de dólares en becas de investigación federal y más de setenta millones en becas Pell durante el último año, se enfrenta a una disyuntiva compleja.
El presidente de la universidad, Suresh Garimella, ya ha actuado con presteza para cumplir con órdenes anteriores de la administración Trump que exigían el desmantelamiento de los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés), eliminando declaraciones de DEI de las ofertas de trabajo, desarticulando comités relacionados y añadiendo una nueva declaración de no discriminación en todos los sitios web de la universidad.
Estas acciones, sin embargo, generaron una contundente reacción del claustro, donde cerca de mil profesores votaron de forma anónima con un noventa y uno por ciento de los votos para instar a Garimella a impugnar legalmente y rechazar el cumplimiento de lo que consideran demandas “ilegales” que amenazan la libertad académica.
El contexto político en Arizona añade otra capa de complejidad, pues la legislatura estatal, de mayoría republicana, ya está impulsando una propuesta de enmienda constitucional, la HCR2042, que prohibiría al estado otorgar un “trato preferencial” o “discriminar” a cualquier individuo o grupo basándose en raza, sexo, color, etnia u origen nacional en la educación pública, una medida que sintoniza con el espíritu del pacto federal.
Quienes se oponen al acuerdo de la Casa Blanca, como Ted Mitchell, presidente del Consejo Americano de Educación, advierten sobre sus profundas implicaciones.
“¿Quién decide si el entorno intelectual es vigoroso y de mente abierta? Esto no es algo en lo que el gobierno federal debiera estar involucrado y arbitrando”, declaró Mitchell al Wall Street Journal, añadiendo que “las implicaciones para la libertad de expresión son horribles”.
La Casa Blanca, por su parte, defiende la iniciativa como una forma de garantizar “un mercado vibrante de ideas en el campus” y ha asegurado que las universidades fueron seleccionadas porque tienen “un presidente que es un reformista o una junta que ha indicado realmente que están comprometidos con una educación de mayor calidad”.
Mientras las nueve universidades evaluaban su respuesta, la comunidad educativa de la Universidad de Arizona aguarda para ver si su institución suscribirá un pacto que podría redefinir su identidad y valores fundamentales.
