El proyecto de ley del senador Anthony Kern, republicano por Glendale, prohíbe que tanto el Colegio de Abogados del Estado como la Corte Suprema de Arizona “infrinjan” o “impidan” el “discurso político” de un abogado o de los clientes de un abogado al disciplinarlos o revocar sus licencias por “presentar un reclamo de buena fe, no frívolo, basado en la ley y los hechos ante el tribunal”, se mantiene vivo y en camino para convertirse en ley.
Así se castigaría al Colegio de Abogados del Estado de Arizona y a la Corte Suprema de Arizona si sancionan a los abogados por presentar denuncias de fraude electoral sin fundamento en los tribunales de Arizona.
Si se determina que violan la ley propuesta, cada uno perdería el 10% de sus ingresos y para el Colegio de Abogados, eso provendría del dinero que recauda a través de las cuotas de membresía de los abogados, mientras que la Corte Suprema vería su presupuesto recortado como castigo; las sanciones equivaldrían a alrededor de $1 millón para el Colegio de Abogados y casi $10 millones para la Corte Suprema.
El proyecto de ley 1092 del Senado de Kern se produce cuando los abogados de todo el país y en Arizona han enfrentado medidas disciplinarias, incluida la inhabilitación, por impugnar las elecciones con base en afirmaciones frívolas de fraude electoral, así como demandas contra rivales políticos.
Kern destacó la disciplina del exalcalde de la ciudad de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani, quien perdió su licencia de abogado en Nueva York por presentar reclamos falsos de fraude electoral.
Pero el propio Kern no es ajeno a los castigos de la corte por presentar una demanda sin fundamento, pues se unió al exrepresentante estatal Mark Finchem y al congresista Paul Gosar para demandar a la exlegisladora Charlene Fernández por difamación después de que ella y otros miembros demócratas de la Cámara de Representantes del estado enviaran una carta al FBI en 2021 solicitando una investigación sobre el papel del trío en la insurrección del 6 de enero.
Un juez calificó la demanda de “infundada” y ordenó a los tres republicanos pagar $75,000 en honorarios de abogados a Fernández.
Y el propio Finchem ha sido sancionado varias veces por los tribunales.
La representante Analise Ortiz, D-Phoenix, le preguntó a Kern si esa demanda fue la base de la SB1092, a lo que Kern respondió “absolutamente no”, y luego agregó que un informe engañoso del comentarista de Fox News Tucker Carlson mostró que el 6 de enero fue una “farsa”.
Kern estuvo presente en el Capitolio de los Estados Unidos ese día y fue grabado en la escalinata del Capitolio después de que los alborotadores traspasaron la línea policial y entraron al edificio.
“Ningún abogado en Arizona está sujeto a medidas disciplinarias debido a su discurso político o sus puntos de vista políticos”, dijo al comité Lianna García, cabildera del Consejo Judicial de Arizona y dijo que a los abogados se les dice que hablen con hechos, usen evidencia legal y no usen “conjeturas”.
García también dijo que el proyecto de ley probablemente dañaría a los residentes en lugar de a los jueces o a las personas que aplican los castigos que tanto enojan a los republicanos.
