Nueva y polémica iniciativa del presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Warren Petersen lanza ofensiva para detener lo que califica una “cacería de brujas”
El presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, lanzó una ofensiva legal para detener lo que califica como una “cacería de brujas” federal contra el Departamento de Policía de Phoenix (PPD, por sus siglas en inglés).
En coordinación con Harmeet Dhillon, nueva fiscal general adjunta de Derechos Civiles designada por Trump, Petersen busca bloquear un posible decreto de consentimiento que obligaría a reformas estructurales en la institución, bajo supervisión judicial.
El conflicto estalló tras un informe del DOJ en marzo que identificó presuntos patrones de uso excesivo de fuerza y prácticas discriminatorias en el PPD, el quinto cuerpo policial más grande de EE.UU. con 2,800 agentes.
Petersen alega que el reporte —basado en investigaciones desde 2021— contiene “inexactitudes fácticas” y oculta la metodología y expertos consultados. En una carta a Dhillon, acusó a la administración Biden de usar estos procesos para “satisfacer a activistas radicales”.
Los decretos de consentimiento, utilizados en ciudades como Seattle y Baltimore, suelen costar millones anuales en consultores y monitoreo. En Chicago, un acuerdo similar costó $260 millones desde 2019.
Petersen argumenta que son “inconstitucionales” y buscan federalizar cuerpos policiales locales. Sin embargo, estudios de la Universidad de Stanford muestran que en 78% de ciudades con estos decretos, redujeron violencia policial en 5 años.
El PPD enfrenta 210 demandas por presunta mala conducta desde 2020, incluyendo el caso de Antonio Arce (14 años), muerto por un disparo por la espalda en 2019.
Organizaciones como PUENTE Human Rights Movement documentaron 1,450 quejas por perfil racial entre 2020-2023.
Dhillon: una aliada clave
Harmeet Dhillon, conocida por defender a agentes en casos de uso de fuerza, representa el giro de Trump hacia políticas de “mano dura”. En 2023, su bufete logró archivar 12 casos contra policías en California.
Activistas temen que su gestión desmantele avances: “Es como poner a un pirómano a cargo de bomberos”, criticó Sherrilyn Ifill, exdirectora del Fondo Legal NAACP.
Con Phoenix en año electoral, el tema divide a la población: 52% apoya más supervisión policial según AZ Central, frente a 48% que prioriza “apoyo incondicional” a las fuerzas del orden. La Alcaldesa demócrata Kate Gallego evita posicionarse, mientras Petersen capitaliza el discurso de “ley y orden” para movilizar a su base.
Si el DOJ insiste con el decreto, Arizona podría enfrentar una batalla legal sin precedentes. Petersen promete recortar fondos estatales a cualquier reforma impuesta.
Mientras, organizaciones civiles preparan movilizaciones masivas, recordando que Phoenix lidera las ciudades estadounidenses en tiroteos policiales per cápita.
En un estado donde el 43% de habitantes son minorías, este pulso redefine no solo el futuro del PPD, sino el frágil equilibrio entre seguridad y derechos civiles.
