La alcaldesa Kate Gallego y la concejal Betty Guardado durante el anuncio de reformas para combatir el calor y proteger a los trabajadores de Phoenix. CORTESIA: City of Phoenix
Las enmiendas aprobadas por el Concejo de Phoenix buscan cerrar la brecha entre el mandato escrito y la realidad en obras municipales y esto responde al testimonio directo de trabajadores que aún enfrentan vehículos sin aire acondicionado y acceso irregular al agua, a pesar de la ordenanza original de 2024.
La concejal Betty Guardado y la alcaldesa Kate Gallego lideraron la actualización, la cual refuerza el monitoreo del aire acondicionado en cabinas cerradas y a partir del 1 de abril de 2026, los contratistas deberán verificar su funcionamiento según especificaciones del fabricante, documentando estos procedimientos en sus planes de mitigación.
“La seguridad contra el calor no puede ser opcional en Phoenix”, afirmó la concejal Guardado, destacando que la verificación busca “rendición de cuentas y prevención, no castigo”.
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La urgencia de estas enmiendas fue subrayada por trabajadores del Aeropuerto Sky Harbor durante la audiencia.
Filiberto Lares, conductor de SkyChefs, declaró que “de 22 camiones, solo 4 tienen unidades de AC funcionando”.
Otro trabajador describió turnos de hasta 16 horas con entregas de agua retrasadas, evidenciando fallas críticas en la implementación.
Para mejorar la fiscalización, las enmiendas establecen una línea telefónica directa para quejas de empleados y exigen la publicación visible de los planes de seguridad y además, el aeropuerto creó un puesto dedicado al cumplimiento y verificará el aire acondicionado en los portones de seguridad vehicular.
El incumplimiento puede derivar en la cancelación del contrato municipal o en la suspensión del contratista.
Este avance local ocurre en paralelo a la acción estatal, pues un Grupo de Trabajo de Seguridad contra el Calor, formado por orden de la gobernadora Katie Hobbs, emitió recomendaciones para el verano de 2026. Jason Sangster, miembro del grupo e integrante del Sindicato de Ironworkers Local 75, valoró incluir “la perspectiva práctica desde el terreno” y “significa mucho”, expresó sobre la oportunidad de representar a los trabajadores.
No obstante, las pautas estatales propuestas carecen de estándares rígidos, como temperaturas desencadenantes específicas; Dennis Kavanaugh, presidente de la Comisión Industrial de Arizona, advirtió que sin reglas objetivas, hacer cumplir la obligación general de un “lugar de trabajo seguro” puede ser “amorfo”.
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Mientras Arizona debate estas normas, Phoenix actúa, su ordenanza, pionera en el estado, contrasta con estados como Florida o Texas, donde se han bloqueado protecciones locales similares.
El camino sigue siendo complejo, pues los defensores solicitan protecciones formales contra represalias y un seguimiento más proactivo; la ciudad se comprometió a evaluar nuevas reformas en los próximos meses.
La transición de recomendaciones a condiciones de trabajo reales y seguras sigue siendo el desafío pendiente para miles de trabajadores en la ciudad más calurosa del país.
