La congresista Adelita Grijalva condena el contrato de 1,200 millones de GardaWorld para ampliar la detención en Florence y además denuncia condiciones inhumanas y falta de transparencia. Foto:
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) otorgó un contrato de 1,200 millones de dólares a la empresa de seguridad GardaWorld para ampliar el centro de detención migratoria en Florence, Arizona, ubicado a unos 60 kilómetros al sureste de Phoenix, según informó el grupo de vigilancia Project Salt Box.
La congresista demócrata Adelita Grijalva condenó el gasto y señaló que la administración Trump “se está moviendo silenciosamente para expandir la capacidad de las instalaciones existentes en Florence”, después de que los planes para nuevos centros en Marana y Surprise enfrentaran una fuerte oposición de residentes locales y obstáculos legales que dejaron su futuro incierto.
Grijalva, quien ha realizado múltiples visitas no anunciadas al complejo de Florence, afirmó que las personas ya detenidas en Arizona “no pueden obtener agua potable limpia, comida comestible o atención médica adecuada”.
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“El DHS debería estar arreglando estas condiciones espantosas, no preparándose para canalizar otros 1,200 millones de dólares del dinero de los contribuyentes hacia la expansión de la cruel máquina de detención y deportación masiva de Trump”, declaró la congresista, según comunicado de prensa.
El contrato de Florence forma parte de un paquete de cinco acuerdos de construcción firmados el domingo por el DHS por un valor combinado de hasta 7,300 millones de dólares para expandir la detención migratoria en instalaciones de propiedad gubernamental en Nueva York, Texas, Arizona, Florida y California.
GardaWorld Federal Services, subsidiaria de la firma con sede en Montreal, ganó también el contrato para Miami, cada uno valorado en 1,200 millones.
La empresa ya había recibido un contrato de 313.4 millones en marzo para renovar un almacén en Surprise como centro de detención, proyecto que enfrentó una demanda del estado de Arizona por falta de revisión ambiental.
La expansión en Florence ocurre en un contexto de crecimiento sin precedentes del sistema de detención de ICE.
El Brennan Center for Justice reporta que la población detenida pasó de menos de 40,000 personas al inicio de la administración Trump a 70,000 actualmente, la cifra más alta en la historia, y la agencia planea añadir más de 100,000 camas para el 30 de noviembre.
El financiamiento proviene de un paquete de 75,000 millones de dólares aprobado por el Congreso en julio, que incluye 45,000 millones para nuevos centros de detención.
Las cuestionables condiciones en los centros de Arizona han sido documentadas por diversas organizaciones civiles y congresistas como Yassamin Ansari, que, tras una visita a la oficina de campo de ICE en Phoenix en septiembre, reportó que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, agentes de ICE llamaron al 911 en 11 ocasiones para solicitar asistencia médica para detenidos.
La instalación “no tiene camas, ni servicios médicos en el sitio, acceso limitado a alimentos y ninguna ducha accesible para los detenidos, a pesar de que los tiempos de retención promedian más de 20 horas”, según la oficina de Ansari.
En julio, 120 detenidos del centro de Eloy firmaron una carta abierta denunciando abusos verbales y físicos, condiciones insalubres y atención médica inadecuada.
La carta señala que los detenidos solo tienen acceso a agua de la llave que causa enfermedades estomacales y reciben comidas “no nutritivas consistentes principalmente en papas y, en ocasiones, comida congelada y cruda”.
El brote de sarampión en Florence, que infectó a siete personas en junio, incluyó a un solicitante de asilo ruso cuya deportación Grijalva pidió retrasar.
La congresista también criticó que la expansión en Florence se produzca después de que “los residentes locales se opusieran abrumadoramente a los planes de ICE para nuevos centros masivos de detención en Marana y Surprise”.
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Organizaciones como Pima Resists ICE y funcionarios del condado Pima han expresado su rechazo a esos proyectos; al momento, la oficina de Grijalva no ha recibido respuesta del DHS sobre el destino de los planes en Marana y Surprise.
