Gregory Bovino fue acusado de lanzar gas lacrimógeno contra una multitud sin justificación alguna, acción que quedó registrada en un video transmitido por Facebook. CORTESIA: Latino News / Facebook
En un hecho sin precedentes, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, fue sometido a medidas judiciales correctivas tras presuntamente violar una orden de restricción; un juez federal le ordenó el uso obligatorio de una cámara corporal en todo momento, la presentación diaria a las seis de la tarde en los tribunales para rendir cuentas sobre los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la toma de cursos obligatorios de control de violencia, bajo la advertencia de que el incumplimiento podría resultar en prisión.
La medida judicial surge tras un incidente durante una protesta en el barrio de La Villita, una comunidad mayoritariamente hispana de Chicago, donde Bovino fue acusado de lanzar gas lacrimógeno contra una multitud sin justificación alguna, acción que quedó registrada en un video transmitido por Facebook.
Frente a estas acusaciones, Bovino defendió públicamente la conducta de sus agentes en una entrevista con la cadena de noticias CBS, declarando que “el uso de la fuerza que he visto ha sido ejemplar”, y añadiendo que si alguien resulta afectado por una bola de pimienta, “es su responsabilidad; no protesten y no invadan la propiedad privada”.
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La orden de restricción temporal que Bovino presuntamente violó había sido emitida a principios de octubre por la jueza federal Sara Ellis, y prohibía específicamente a los agentes federales arrestar, amenazar o usar la fuerza física contra periodistas y manifestantes, a menos que existiera una causa probable de que la persona había cometido un delito.
La jueza April Perry, al bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, respaldó esta postura al afirmar que no había visto “ninguna evidencia creíble de que haya habido rebelión en el estado de Illinois” que justificara la federalización de los soldados, calificando las evaluaciones del Departamento de Seguridad Nacional sobre las protestas como “poco fiables”.
Perry añadió que enviar militares solo “echaría más leña al fuego”, y señaló que las mayores protestas en la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el suburbio de Broadview no superaron los doscientos asistentes, con aproximadamente cien agentes de la ley estatales y locales presentes y capaces de manejar la multitud.
Este evento se enmarca en las crecientes tensiones legales por la “Operación MidwayBlitz”, la ofensiva federal contra la inmigración ilegal en Chicago que ha resultado en más de mil arrestos, y que forma parte de una estrategia nacional más amplia de la administración Trump.
Dicha estrategia ha incluido el despliegue o la amenaza de despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades gobernadas por demócratas, como Portland, Los Ángeles y Washington D.C., bajo el argumento de proteger instalaciones federales y controlar el crimen, una justificación que las autoridades locales han rechazado enérgicamente.
En respuesta a estas tácticas, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció la creación de la Comisión de Responsabilidad de Illinois para crear un registro público de los abusos cometidos por las autoridades federales, calificando los despliegues como una “invasión de Trump”.
Mientras tanto, la batalla legal sobre el despliegue de la Guardia Nacional continúa su curso; la jueza April Perry extendió una orden que bloquea dicho despliegue en Illinois hasta que la Corte Suprema decida sobre el caso, respaldada por un panel de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito que afirmó que “la oposición política no es rebelión”.
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En una decisión contrastante, un tribunal de apelaciones revocó una orden similar en Oregón, aunque la jueza Susan Graber, en una opinión disidente, argumentó que el fallo “erosiona principios constitucionales fundamentales, incluyendo el control soberano de los Estados sobre las milicias estatales”.
Este escenario judicial complejo y en evolución subraya la tensión fundamental entre los poderes ejecutivo y judicial, mientras las calles de ciudades como Chicago y Portland se convierten en el campo de batalla donde se define el alcance de la autoridad presidencial y la protección de las libertades civiles.
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