El pasado 26 de enero, Christian Díaz Rendón fue abatido por equivocación por los policías que acudieron a un llamado de auxilio. CORTESIA: GoFundMe
La fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, anunció que no presentará cargos penales contra el agente de Phoenix que en enero mató de un disparo a Christian Díaz Rendón, de 36 años, mientras este forcejeaba con un intruso armado dentro de su propia casa.
La decisión, que provocó la indignación de la familia, se escuda en la falta de una “probabilidad razonable de condena” si el caso llegara a juicio.
El suceso se remonta a la noche del 26 de enero de 2026, cuando vecinos y allegados de Díaz Rendón llamaron al 911 para alertar de que un desconocido estaba disparando y había irrumpido en la vivienda familiar, ubicada cerca de la Avenida 75 y Lower Buckeye Road.
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Una de las llamadas decía con desesperación: “No sabemos quién es. Hay alguien en nuestra casa y nos está disparando. Tenemos niños aquí. Le dispararon a mi hermano en el tobillo”.
Al llegar los agentes, Díaz Rendón ya había desarmado al agresor y lo mantenía sujeto en el suelo y desde fuera de la vivienda y a través de la puerta principal abierta, el oficial Jason Valenzuela gritó.
“¡EH, muéstrenme las malditas manos!”, y aproximadamente un segundo después apretó el gatillo.
La bala impactó al propietario, que falleció en la escena mientras su familia gritaba: “¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué? ¿Por qué no escucharon…?”, “¡Mataron a mi maldito papá!” y “¡Ustedes mataron a la persona equivocada! ¡Le dispararon a mi esposo!”.
La fiscal republicana justificó el archivo penal con el criterio de que no existía una expectativa razonable de condena, sin detallar si el agente se identificó correctamente ni si las circunstancias permitían el uso de fuerza letal.
Mitchell, cuyo manejo de la violencia policial ha sido objeto de controversia, insistió en que su decisión se ciñe exclusivamente a criterios jurídicos.
Sin embargo, la familia de Díaz Rendón no esperó al dictamen penal para movilizarse y el 12 de febrero presentó un aviso formal de reclamación de 25 millones de dólares contra la ciudad de Phoenix y el oficial Valenzuela, paso previo obligatorio para una demanda civil contra una entidad gubernamental.
El documento sostiene que los daños fueron “resultado directo de las acciones de la Ciudad de Phoenix y del Oficial Valenzuela” y reclama una indemnización por la violación de derechos estatales y federales.
El caso contenía todos los elementos de una tragedia evitable: la víctima no era el sospechoso, las llamadas al 911 identificaban claramente al agresor, y los agentes dispararon sin evaluar la escena.
Además, según la reclamación, al menos uno de los residentes había advertido directamente a Valenzuela: “Lo tienen, lo tienen, está aquí, lo tienen en el suelo”.
El intruso, Edgar Ledezma García, ha sido imputado por asesinato en primer grado bajo la figura penal de “felony murder” de Arizona, que permite acusar de homicidio doloso a quien, durante la comisión de un delito grave, desencadena la muerte de otra persona, incluso si el disparo mortal procede de un agente del orden. García también enfrenta múltiples cargos adicionales por el asalto.
En Arizona, el aviso de reclamación concede al gobierno 60 días para responder; si no hay acuerdo o la oferta resulta insuficiente, la familia dispone de hasta un año para presentar la demanda formal.
Mientras tanto, la muerte de Christian Díaz Rendón mantiene abierta la herida de una intervención policial que, en lugar de proteger a quien defendía su hogar, lo convirtió en la víctima final.
