Es el tercer cierre durante la era de Donald Trump, quien ya presidió la paralización más larga de la historia (treinta y cinco días) entre 2018 y 2019. CORTESIA: The White House / Facebook
El cierre del gobierno federal de Estados Unidos que entró en vigor este miércoles 1 de octubre no es un fenómeno nuevo, pero esta vez presenta características particulares que lo distinguen de sus predecesores, pues se trata del tercer cierre durante la era de Donald Trump, quien ya presidió la paralización más larga de la historia (treinta y cinco días) entre 2018 y 2019.
Sin embargo, la actual interrupción introduce una amenaza inédita: la posibilidad de despidos masivos y permanentes de funcionarios federales, una medida que transformaría lo que históricamente ha sido una suspensión temporal en una reducción laboral de consecuencias duraderas.
Para Arizona, los efectos son inmediatos y tangibles, pues el estado, con más de treinta y cuatro mil empleados federales, ve cómo el Gran Cañón y otros parques nacionales cierran sus puertas, un golpe severo al turismo y la economía local.
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A diferencia de cierres anteriores, donde gobernadores republicanos utilizaron fondos estatales para mantener el parque abierto, la actual gobernadora Katie Hobbs ha declinado hacerlo.
Su portavoz, Liliana Soto, justificó la decisión argumentando que “la administración Trump ha recortado la atención médica para cientos de miles de arizonenses y ha impuesto trámites burocráticos al estado que costarán decenas de millones de dólares anualmente. Como resultado, el estado de Arizona no puede permitirse mantener los parques nacionales del estado abiertos”.
Además, el Aeropuerto Sky Harbor de Phoenix podría experimentar retrasos significativos si el cierre se prolonga, siguiendo el patrón de cierres anteriores donde agentes de seguridad aeroportuaria y controladores aéreos, aunque obligados a trabajar sin paga, comenzaron a ausentarse por enfermedad en protesta.
Lo que realmente define este cierre es la amenaza explícita de la administración Trump de utilizar la paralización para implementar recortes permanentes a la fuerza laboral federal.
El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, dejó claro que están considerando activamente reducciones de personal, enfatizando el objetivo más amplio de “reducir el tamaño y el alcance del gobierno federal”.
Esta postura marca un cambio fundamental, ya que cierres anteriores no habían derivado en despidos masivos, incluso durante el primer mandato de Trump.
Se culpan mutuamente
Pese a controlar la Casa de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, los republicanos culpan a los demócratas por el cierre del gobierno, sin embargo recientes encuestas muestran que los ciudadanos no confían en esa narrativa.
Los republicanos, como el líder de la mayoría del Senado, John Thune, acusan a los demócratas de haber “elegido cerrar el gobierno” al rechazar un proyecto de financiación “limpio y no partidista”.
Por su parte, los demócratas han encontrado en la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible su línea roja y el senador por Arizona Mark Kelly responsabilizó directamente a Trump y a los republicanos del Congreso, afirmando que “decidieron que preferían cerrar el gobierno que evitar que aumentaran las primas de salud para millones de estadounidenses”.
La Casa Blanca, en un mensaje en redes sociales, etiquetó la situación como “CIERRE DEMÓCRATA” y acusó a la oposición de incluir “atención médica GRATUITA para ilegales” en su propuesta, una afirmación errónea, pues los indocumentados no califican para ningún beneficio federal.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó que “NO HAY CAMBIOS en las leyes de inmigración de en el país o la aplicación fronteriza” durante el cierre, desmintiendo los rumores de que la frontera quedaría abierta.
Mientras el juego de culpas continúa, la incertidumbre económica crece y analistas estiman que cada semana de parálisis podría reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto en cero coma dos puntos porcentuales.
El cierre anterior de treinta y cinco días durante la primera administración de Trump redujo el producto interno bruto en once mil millones de dólares, incluyendo tres mil millones que nunca se recuperaron.
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Además, la Oficina de Estadísticas Laborales suspendió la publicación de todos sus informes económicos, incluido el crucial reporte de empleo de septiembre, dejando a la Reserva Federal y a los mercados operando con información limitada en un momento de desaceleración económica.
En el balance final, este cierre gubernamental trasciende la disputa política habitual. Para Arizona, significa un impacto económico directo a través de la pérdida de turismo y la interrupción de servicios y para los setecientos cincuenta mil empleados federales a nivel nacional, significa no solo la ansiedad de un cheque de pago suspendido, sino la sombra de un despido permanente.
Pero para el país, representa una profundización de la fractura política, dondeaparentemente la población y los trabajadores se convierten en rehenes de una batalla que, en última instancia, parece girar más en torno a la ideología y la estrategia partidista que en el bienestar de los ciudadanos a los que ambos bandos juraron servir.
