La magistrada consideró que la medida “desafía” el fallo de la Corte Suprema del pasado mes de junio sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Foto: Cortesía / @TheWhiteHouse
La jueza federal de distrito Deborah Boardman, designada por el presidente Joe Biden y con sede en Greenbelt, Maryland, emitió este miércoles 2 de septiembre una orden de restricción preliminar que impide al gobierno del presidente Donald Trump aplicar las disposiciones de su más reciente orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento
La magistrada consideró que la medida “desafía” el fallo de la Corte Suprema del pasado mes de junio que ya había rechazado un intento anterior y más amplio del mandatario para limitar este derecho constitucional.
La decisión de Boardman, que concede la solicitud de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, suspende la aplicación de la orden a todos los niños nacidos después del 19 de febrero de 2025 que hubieran sido afectados por el decreto previo, y representa el más reciente revés judicial a la estrategia migratoria de la administración Trump.
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La orden ejecutiva impugnada, firmada por Trump el 6 de agosto, buscaba negar la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres extranjeros en situaciones específicas.
Cuando los padres hayan llegado al país mediante una “transacción comercial” para obtener la ciudadanía, lo que la administración denomina “turismo de nacimiento”, cuando uno de los progenitores sea un “extranjero enemigo”, o cuando sea un empleado de un gobierno extranjero.
La medida representaba un nuevo intento de Trump por restringir el principio constitucional consagrado en la Decimocuarta Enmienda, que otorga la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
En su fallo, la jueza Boardman fue contundente al señalar que la nueva orden del presidente no puede sostenerse a la luz del precedente establecido por la Corte Suprema el 30 de junio, cuando el máximo tribunal rechazó por 6-3 el intento previo de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de extranjeros sin estatus legal o con visas temporales.
“La Corte Suprema ha hablado”, escribió Boardman en su opinión. La decisión del alto tribunal, agregó, “es la ley del país. El presidente debe cumplirla”.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la nueva orden ejecutiva simplemente abordaba excepciones que el fallo de la Corte Suprema había dejado abiertas, pero la jueza rechazó ese planteamiento y acusó a la administración de basarse en una “interpretación distorsionada” de la decisión del máximo tribunal.
Boardman también rechazó la afirmación del gobierno de que la orden no era retroactiva, señalando que los abogados del Departamento de Justicia no habían presentado ninguna “declaración jurada” que confirmara que la norma solo se aplica a los bebés nacidos después de su firma, y advirtió que el texto de la orden “apoya firmemente una lectura de que se aplica retroactivamente”.
La jueza, quien ya había bloqueado la orden ejecutiva original de Trump en 2025, determinó que la nueva política es “probablemente inconstitucional” a la luz del fallo de la Corte Suprema.
“Si no se suspende con respecto al grupo, el decreto de 2026 podría negar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a niños que la Corte Suprema declaró ciudadanos”, escribió Boardman.
La orden judicial se aplica a la clase certificada de impugnantes legales en el caso, que incluye a todos los niños a quienes se les habría negado la ciudadanía en virtud del primer decreto.
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Un segundo caso que impugna la nueva política se encuentra pendiente en New Hampshire.
La orden de restricción preliminar de la jueza Boardman no impide que las agencias federales continúen trabajando en las directrices sobre cómo implementarían la medida, aunque no podrán aplicarla mientras la suspensión esté vigente.
