El pasado 15 de julio se realizaron redadas en los restaurantes Colt Grill por emplear a inmigrantes indocumentados. Foto: Cortesía / Facebook YCSO
Una extensa investigación federal de tres años culminó el pasado 15 de julio con una serie de redadas en cinco restaurantes Colt Grill y doce residencias en Arizona y Alabama. Las operaciones, dirigidas por Homeland Security Investigations (HSI) y otras agencias, están relacionadas con una acusación federal por explotación laboral y, específicamente, el empleo generalizado de trabajadores indocumentados.
La acción surge de una acusación formal emitida el 27 de mayo de 2025, en Phoenix, contra Robert y Brenda Clouston, ambos de 61 años, propietarios de los restaurantes, y Luis Pedro Rogel-Jaimes, de 33, e Iris Romero-Molina, de 29, estos últimos ciudadanos mexicanos que se encontraban ilegalmente en el país y residían en Cottonwood, Arizona.
Los cargos son graves e incluyen conspiración para transportar y albergar extranjeros ilegales, así como conspiración para inducir el ingreso ilegal al país. Sin embargo, un aspecto central de la acusación es el cargo de “patrón y práctica de emplear a sabiendas a extranjeros no autorizados”.
Te puede interesar: Redadas de ICE y HSI en restaurantes Colt Grill en Sedona causan alarma en la comunidad
El Esquema de Empleo Ilegal
Según la acusación, Robert y Brenda Clouston, quienes operaban cuatro restaurantes Colt Grill en Cottonwood, Prescott, Prescott Valley y Sedona (Arizona), y uno en Foley, Alabama, orquestaron un plan en septiembre de 2022 junto a Rogel-Jaimes y Romero-Molina. Se alega que Romero-Molina creó una empresa de limpieza ficticia, R&R AZ Cleaning, que en realidad funcionaba como una agencia de contratación para los restaurantes Colt Grill.
A través de esta empresa, Rogel-Jaimes y Romero-Molina habrían reclutado a trabajadores indocumentados para operar en los restaurantes. La acusación detalla que estos empleados eran pagados a través de R&R AZ Cleaning con fondos de Colt Grill, pero recibían salarios por debajo del mínimo y no se les compensaban las horas extras.
Además, los Clouston, Rogel-Jaimes y Romero-Molina supuestamente se beneficiaron económicamente de este arreglo al evadir el pago de impuestos laborales adecuados.
Arrestos y Repercusiones Legales
Los cuatro individuos acusados fueron arrestados el 15 de julio sin incidentes. Durante las redadas, las autoridades también detuvieron a varios extranjeros indocumentados por infracciones migratorias.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
Las penas por estos delitos son significativas. Una condena por los cargos de conspiración de inmigración puede acarrear hasta 10 años de prisión y multas de hasta $250,000. El cargo de empleo ilegal, específicamente el de “patrón y práctica de emplear a sabiendas a extranjeros no autorizados”, conlleva una pena máxima de seis meses de prisión y multas de hasta $3,000 por cada empleado no autorizado.
Funcionarios como el Fiscal de los Estados Unidos, Timothy Courchaine, y el Agente Especial a Cargo en funciones de HSI Arizona, Ray Rede, enfatizaron la importancia de la cooperación entre agencias federales y locales para desmantelar lo que el Sheriff del Condado de Yavapai, David Rhodes, describió como una “empresa criminal” que desestabiliza las comunidades.
