El fiscal del condado de Pinal, Brad Miller, colabora abiertamente con ICE y ha firmado acuerdos, que ahora enfrentan una crisis legal. CORTESIA: Pinal County Attorney’s Office / Facebook
El fiscal del condado de Pinal, Brad Miller, se enfrenta a una crisis legal y política tras ignorar una orden de la junta de supervisores del condado para terminar un polémico acuerdo con Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El conflicto surge de un pacto 287(g) que convierte a sus investigadores en agentes federales de inmigración con poder de arresto, un nivel de autoridad único en el estado.
La disputa se centra en un modelo de “fuerza de tareas” del acuerdo 287(g), que es el más agresivo de los tres tipos disponibles y que había sido suspendido por preocupaciones de perfil racial en 2012.
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Este modelo, revivido por la administración Trump, permite a los investigadores del condado arrestar personas basándose únicamente en sospechas de estatus migratorio durante encuentros rutinarios.
El abogado Brett Johnson, contratado por la junta, declaró que el acuerdo es “efectivamente nulo” porque la junta nunca lo aprobó.
Miller se ha negado a acatar el ultimátum de la junta, citando que una declaración a la prensa no termina un acuerdo federal y que la agencia también lo considera vigente.
Su portavoz dijo que su oficina no arrestaría a personas “a la ligera”, aunque el acuerdo expresamente permite arrestos sin orden judicial.
Esta negativa coloca al fiscal en riesgo de acción legal y amenaza con un conflicto constitucional entre gobiernos local, estatal y federal.
El abogado Johnson advirtió en su opinión legal que este modelo amenaza con “eviscerar la inmunidad procesal”, ya que los investigadores que arrestan también enjuician, y probablemente involucre al condado en costosas demandas por derechos civiles.
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En Arizona, otros siete condados y el departamento de correcciones participan en versiones menos intrusivas del programa 287(g), que se limitan a acciones dentro de cárceles o contra personas ya arrestadas.
El de Pinal es el único que ha firmado este modelo de fuerza de tareas, configurando una batalla legal y política que podría redefinir los límites de la aplicación local de la ley federal de inmigración en el estado.
