Sebastian Higuera-Fuentes, de Nogales, Sonora, recibió 5 años de prisión en Tucson por encabezar una conspiración para traficar 20 kilos de metanfetamina. Foto: Imagen ilustrativa Prensa Arizona
Un operativo federal conjunto asestó un freno a las redes de trasiego de narcóticos entre Sonora y Arizona. El juez de distrito de los Estados Unidos, Raner C. Collins, sentenció en una corte federal de Tucson a Sebastian Higuera-Fuentes, de 23 años y originario de Nogales, Sonora, México, a cumplir una pena de 60 meses (5 años) de prisión, seguidos de cuatro años bajo libertad supervisada, tras haberse declarado culpable de conspiración para distribuir metanfetamina.
De acuerdo con el expediente procesal integrado por la Fiscalía Federal para el Distrito de Arizona, el joven sonorense se desempeñó como cabecilla y coordinador logístico dentro de la trama criminal, la cual pretendía comercializar aproximadamente 20 kilogramos de metanfetamina de alta pureza en territorio estadounidense.
Higuera-Fuentes se encargaba de negociar directamente las tarifas del cargamento ilícito, fijar los itinerarios y puntos de reunión para los intercambios, y girar instrucciones precisas a sus colaboradores para concretar las entregas del estupefaciente. La intervención de las agencias de la ley evitó que el cargamento fuera distribuido en las calles y comunidades del estado.
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Despliegue bajo la iniciativa federal HSTF
El enjuiciamiento penal forma parte de las acciones ejecutadas por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), entidad constituida al amparo de la Orden Ejecutiva 14159 («Protección del pueblo estadounidense contra la invasión»).
Dicha fuerza interinstitucional agrupa las capacidades del gobierno federal para desarticular cárteles delictivos, pandillas extranjeras, organizaciones criminales trasnacionales y redes dedicadas al tráfico de personas. Entre sus ejes prioritarios figura la persecución de delitos que vulneren a menores de edad, así como el procesamiento y expulsión del país de extranjeros involucrados en conductas delictivas violentas o narcotráfico.
Megaoperativo interinstitucional
La investigación ministerial en el sur de Arizona requirió un esfuerzo de rastreo que involucró a más de una docena de agencias policiales y de inteligencia:
- Administración de Control de Drogas (DEA): Divisiones de Detroit, Michigan, y Tucson, Arizona.
- Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional.
- Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
- Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS) y la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).
- CBP y Patrulla Fronteriza, junto con las divisiones de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
- El Servicio Secreto, el Servicio de Inspección Postal y la Oficina de Administración de Tierras (BLM).
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El caso fue litigado y llevado a sentencia por el fiscal federal adjunto David Petermann, en representación de la Fiscalía del Distrito de Arizona en Tucson, ratificando la política de cero tolerancia contra quienes operan rutas de trasiego hacia el Valle y la frontera sur.
