Organizaciones como Save Our Schools (SOS) exponen al superintendente, Tom Horne; el presidente de la Casa de Representantes, Ben Toma; presidente del Senado, Warren Petersen y la senadora Shawnna Bolick y los llaman a admitir que los vales cuestan a los contribuyentes de Arizona mil millones de dólares al año. CORTESIA: Save Our Schools Arizona / Facebook
La Oficina del Procurador General de Arizona está investigando el programa de vales escolares del estado, conocido como becas univarsales (ESA, por sus siglas en inglés), debido a presuntos pagos ilegales que se aprobaron sin la documentación requerida por la ley estatal.
El programa ESA proporciona a los padres de los estudiantes participantes una tarjeta de débito para cubrir diversos costos educativos, incluyendo la matrícula de escuelas privadas, útiles escolares para la educación en el hogar, o incluso para ahorrar dinero para la universidad.
El programa, iniciado en 2012, se amplió en 2022, pasando de atender a un grupo limitado de aproximadamente 12,000 estudiantes con necesidades especiales a ser universalmente accesible para los cerca de un millón de estudiantes K-12 del estado.
Esta expansión resultó en un aumento significativo de la matrícula, alcanzando alrededor de 74,000 estudiantes al final del último año escolar, superando las expectativas de 68,000 estudiantes y generando costos de alrededor de $723.5 millones, casi $100 millones más de lo presupuestado.
Controversias políticas
La expansión del programa ha sido defendida por los republicanos en la Legislatura estatal como una victoria para la elección de escuelas, mientras que los demócratas se han opuesto, argumentando que subsidia la matrícula de escuelas privadas para familias adineradas cuyos hijos ya asistían a estas instituciones antes de la disponibilidad de la ESA.
La gobernadora demócrata Katie Hobbs estimó que alrededor del 67% de los estudiantes que participaron en el programa en enero nunca habían asistido a una escuela pública.
El 1 de julio, la Fiscal General Adjunta Kathryn Boughton envió una carta a John Ward, director del programa ESA, señalando que el Manual para padres de la ESA 2023-2024 podría estar aprobando reembolsos ilegales de gastos estudiantiles sin la documentación requerida.
El manual, aprobado en abril de 2023, indica que muchos materiales complementarios no necesitan estar vinculados a un plan de estudios específico, lo cual, según Boughton, puede permitir comportamientos fraudulentos como la reventa de artículos comprados con fondos de la ESA.
En respuesta, Ward accedió a dejar de aprobar inmediatamente materiales de aprendizaje complementarios sin exigir que estén vinculados a un plan de estudios. Además, prometió actualizar el Manual de la ESA para reflejar los requisitos de documentación y proporcionar información adicional a los padres sobre cómo enviar la documentación requerida.
La Oficina del Procurador General ha planteado una serie de preguntas sobre la documentación del plan de estudios y ha solicitado respuestas en un plazo de 30 días, aunque el Departamento de Educación ha pedido 60 días para cumplir con la solicitud debido a la cantidad de datos requeridos.
En una carta a los padres de la ESA, Ward aseguró que las directivas del Procurador General no impedirán que las familias obtengan materiales complementarios para los planes de estudio de sus estudiantes, aunque ahora tendrán que asegurar que sus planes de estudio requieran o recomienden dichos materiales. Ward prometió proporcionar más información en el futuro para ayudar a los padres a afrontar este cambio.
Esta investigación y las subsecuentes acciones del Departamento de Educación serán cruciales para determinar el futuro del programa ESA y su impacto en las familias de Arizona.
