Durante los argumentos orales en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos sobre los aranceles, se dejó en claro que son un impuesto a los empresarios y quienes terminan pagándolo, son los consumidores y no los países, por lo que es muy probable su revocación. CORTESIA: Freepik
Son un impuesto a consumidores y no a los países y facultad única del Congreso
La Corte Suprema de Estados Unidos parece encaminada a anular los masivos aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, tras un debate oral donde magistrados de ambos bandos ideológicos mostraron profundo escepticismo sobre la legalidad de usar poderes de emergencia para imponer estos impuestos a las importaciones.
Los jueces cuestionaron duramente a la administración Trump durante casi tres horas de argumentos, centrados en si el presidente violó la Constitución al convertirse en el primer mandatario estadounidense en imponer aranceles globales bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA, por sus siglas en ingles), un estatuto de la década de 1970 tradicionalmente reservado para combatir amenazas inusuales como la crisis de rehenes en Irán o el terrorismo posterior al 11-S.
Te puede interesar: ICE violenta a ciudadanos: Aumentan casos de abuso de autoridad
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, una de las demandantes clave en el caso, afirmó contundentemente que “Trump no sigue la Constitución; hace lo que quiere”, destacando que estos aranceles no son más que “un impuesto a los consumidores” que encarece bienes esenciales para las familias de su estado .
El núcleo del debate constitucional reside en la separación de poderes, pues los demandantes argumentan que Trump usurpó la facultad de gravar impuestos que pertenece exclusivamente al Congreso según el Artículo I de la Constitución .
Elizabeth Goitein, experta en poderes de emergencia del Brennan Center for Justice, evaluó que “dado el grado de oposición contra los argumentos clave de la administración, parece muy posible, si no probable, que se anulen los aranceles” .
Los magistrados Elena Kagan y Brett Kavanaugh expresaron particular escepticismo, cuestionando por qué ningún presidente anterior había usado IEEPA para imponer aranceles si la interpretación de Trump fuera correcta, y señalando que esta lectura le daría al presidente oportunidad de “sobrepasar esos límites”.
La administración Trump defendió su posición argumentando que el poder para “regular importaciones” conferido por IEEPA incluye naturalmente la facultad de imponer aranceles, una postura que enfrentó cuestionamientos intensos.
Pequeños empresarios como Victor Schwartz, importador de vinos y demandante principal, testificó que “son las empresas estadounidenses como la mía y los consumidores estadounidenses quienes pagan la cuenta por los miles de millones recaudados”.
Los aranceles han oscilado entre 10% y más de 50% dependiendo del país de origen, alcanzando hasta 50% para productos indios y 40% para bienes brasileños en medidas de claro carácter geopolítico.
Mayes destacó el enorme impacto económico, señalando que “la administración Trump ya ha recaudado más de 193 mil millones de dólares de estos aranceles ilegales – 193 mil millones tomados directamente de las familias estadounidenses”.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
Este caso representa la continuación de una batalla legal que los estados demandantes ya ganaron en instancias inferiores, donde un tribunal de apelaciones falló 7-4 que Trump había excedido su autoridad al considerar “poco probable que el Congreso intentara conceder al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles”.
El resultado de este caso histórico tendrá profundas implicaciones para el equilibrio de poderes en Estados Unidos, pues como señaló Goitein, “resulta difícil imaginar un caso con mayores repercusiones en un momento en el que el presidente se basa principalmente en los poderes de emergencia para evadir las restricciones legales”.
La decisión final de la Corte Suprema, esperada en los próximos meses, determinará si los presidentes pueden continuar usando poderes de emergencia para implementar políticas comerciales sin aprobación congresional o si, como argumentan Mayes y los demandantes, la Constitución reserva este poder fundamental exclusivamente para el Congreso de los Estados Unidos.
