El impacto económico de la decisión es monumental y según estimaciones del gobierno citadas en el litigio, los aranceles representaban un aumento de impuestos de más de 3 billones de dólares para los estadounidenses en la próxima década, y empresas como Costco, Revlon y Bumble Bee Foods ya habían presentado demandas para asegurar reembolsos antes de que los fondos fueran transferidos al Tesoro. CORTESIA: Freepik IA
El máximo tribunal determinó que Trump se extralimitó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional
La Corte Suprema de Estados Unidos infligió este viernes una derrota sin precedentes al presidente Donald Trump al declarar inconstitucionales los aranceles globales impuestos durante su segundo mandato, en un fallo de 6-3 que contó con el respaldo de dos de sus propios nominados, los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, junto al presidente del tribunal, John Roberts, y los tres magistrados liberales.
Roberts, en su opinión mayoritaria, fue tajante: “el presidente se atribuye la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados; en vista de la amplitud, historia y contexto constitucional de esa autoridad reclamada, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.
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El tribunal determinó que Trump se extralimitó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977 para justificar un arancel base del 10% a casi todas las importaciones y tasas superiores a socios clave como Canadá, México, China, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.
La IEEPA, utilizada históricamente para sanciones y control de activos, no menciona la palabra “arancel” en su texto, y Roberts subrayó que “ausente de esta larga lista de poderes específicos está cualquier mención de aranceles o derechos; si el Congreso hubiera pretendido conferir el poder distintivo y extraordinario de imponer aranceles, lo habría hecho expresamente”.
El impacto económico de la decisión es monumental y según estimaciones del gobierno citadas en el litigio, los aranceles representaban un aumento de impuestos de más de 3 billones de dólares para los estadounidenses en la próxima década, y empresas como Costco, Revlon y Bumble Bee Foods ya habían presentado demandas para asegurar reembolsos antes de que los fondos fueran transferidos al Tesoro.
El juez Brett Kavanaugh, en su disidencia, advirtió que el proceso de devolución de los miles de millones recaudados “probablemente será un desastre”, mientras economistas de Wharton estiman que las devoluciones podrían superar los 175 mil millones de dólares.
La Casa Blanca no tardó en reaccionar; el representante comercial Jamieson Greer había anticipado en diciembre que la administración tenía un plan de contingencia “desde hace cinco años o más” para mantener los aranceles bajo otras bases legales.
Trump, quien calificó los aranceles como “su palabra favorita” y aseguró que harían al país “rico como el infierno”, había advertido que un fallo en contra sería “una catástrofe” y prácticamente imposible de revertir.
El fallo no afecta todas las medidas comerciales de Trump, pues aranceles del 25% a ciertos productos de Canadá, China y México impuestos bajo argumentos de seguridad nacional y tráfico de fentanilo podrían permanecer, así como aquellos basados en leyes antidumping o de salvaguardas.
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Sin embargo, la decisión elimina el arma de presión más versátil que Trump había utilizado no solo para renegociar acuerdos comerciales, sino también para coaccionar a países en temas geopolíticos, como sus amenazas recientes a Dinamarca por Groenlandia o a naciones que comercian con Irán.
El disenso de Kavanaugh, acompañado por Clarence Thomas y Samuel Alito, argumentó que “el contexto y el sentido común” respaldaban la conclusión de que la IEEPA autorizaba claramente al presidente, aunque la palabra no apareciera en el estatuto. La mayoría, sin embargo, fue enfática: “los redactores no otorgaron ninguna parte del poder tributario al poder ejecutivo”.
Mientras los mercados bursátiles reaccionaron con cautela y el dólar cayó levemente, la batalla ahora se traslada al Congreso y a los tribunales inferiores, donde miles de importadores se preparan para reclamar lo que pagaron bajo un esquema que la máxima instancia judicial acaba de declarar ilegal.
