Este freno abrupto deja en un limbo administrativo a miles de personas que ya residen en Estados Unidos y esperaban una resolución migratoria. CORTESIA: USCIS / Facebook
La administración del presidente Donald Trump suspendió esta semana el procesamiento de solicitudes de residencia y ciudadanía para migrantes de 19 países.
La medida, justificada en “riesgos para la seguridad nacional”, afecta a naciones como Cuba, Haití, Venezuela, Afganistán, Somalia y varios estados africanos.
Este freno abrupto deja en un limbo administrativo a miles de personas que ya residen en Estados Unidos y esperaban una resolución migratoria.
La orden fue emitida por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) mediante un memorando oficial.
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El detonante formal fue el asesinato de una agente de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, atribuido a un ciudadano afgano; la Casa Blanca argumenta que el caso evidencia fallas en los sistemas de evaluación migratoria.
Trump prometió en respuesta “pausar permanentemente la migración” desde países del tercer mundo, mientras su secretaria de Seguridad Interior pidió una prohibición total de viajes. La directiva también ordena una revisión exhaustiva de casos ya aprobados durante la administración Biden.
Esta decisión forma parte de un endurecimiento sostenido de la política migratoria estadounidense; además, refuerza vetos de viaje aplicados previamente y se suma a un operativo militar en el Caribe.
Paralelamente, se anticipan operativos de control migratorio focalizados, lo que ha generado enfrentamientos con autoridades locales que se niegan a cooperar; la medida es vista por críticos como un “castigo colectivo” que politiza los procesos administrativos.
El fenómeno de endurecimiento de políticas no es exclusivo de Estados Unidos; en Europa, países como España, Italia, Grecia y Chipre enfrentan una presión migratoria “desproporcionada”.
La Comisión Europea propuso un sistema de “solidaridad obligatoria” para reubicar solicitantes de asilo, aunque países como Polonia y Hungría se niegan a contribuir.
A pesar de una reducción del 35% en los cruces irregulares hacia la UE, la militarización de los flujos por actores como Rusia sigue siendo un desafío.
Grecia, por ejemplo, anunció recientemente una suspensión de tres meses para las solicitudes de asilo de quienes zarpen del norte de África; esta medida controvertida no incluye excepciones para grupos vulnerables y ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos.
Chipre también implementó medidas restrictivas, incluyendo la suspensión de solicitudes de asilo para ciudadanos sirios en 2024; estas acciones reflejan un clima notablemente más hostil hacia migrantes y refugiados en todo el continente.
La nueva directiva va más allá de una pausa y exige reexaminar solicitudes de residencia permanente y revisar casos aprobados, con un listado priorizado para revaluación en noventa días.
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Para los migrantes afectados, muchos de contextos de guerra o crisis humanitaria, la decisión profundiza la incertidumbre y frena la posibilidad de regularizar su situación y el levantamiento de la medida depende únicamente del director de USCIS, Joseph Edlow.
Expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que estas políticas erosionan la protección internacional y pueden violar obligaciones legales; la falta de cooperación de algunos países europeos, por ejemplo, podría derivar en procedimientos de infracción.
