Adrián Fontes, secretario de estado, respondiendo a los señalamientos del fiscal del Departamento de Justicia, Jesús Osete, a través de las redes sociales. CORTESIA: Arizona Secretary of State / Facebook
Secretario de Estado Adrián Fontes enfrenta demanda del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) demandó al estado de Arizona por negarse a entregar su padrón electoral completo, lo que desató un enfrentamiento legal con el secretario de Estado, Adrián Fontes, quien prometió una batalla sin cuartel para proteger la información privada de los electores.
Fontes, un demócrata, afirmó que cumplir con la petición federal sería violar la ley estatal y federal, y declaró que tendrían que “meterse en la cárcel” para obtener los datos.
La demanda federal alega que Arizona incumple la Ley de Derechos Civiles de 1960, así como leyes electorales federales, al no proporcionar una copia completa y sin editar de su lista de votantes registrados.
Esta lista incluiría nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones residenciales y números de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos del Seguro Social.
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La fiscal general, Pam Bondi, sostiene que “los padrones electorales precisos son el fundamento de la integridad electoral”.
Fontes rechaza esta petición con una postura de firme desobediencia: “Voy a tener que luchar sin descanso. No entregaré estos datos mientras sea el secretario de Estado de Arizona”, aseveró en una entrevista.
Su argumento central es que la divulgación de información tan sensible violaría los derechos de privacidad de los votantes y las leyes que está obligado a hacer cumplir, e incluso respondió de manera desafiante en redes sociales a un alto funcionario del DOJ.
El conflicto ocurre en un momento políticamente sensible, pues Fontes anunció recientemente que buscará la reelección para un segundo mandato en 2026.
En su comunicado de campaña, señaló que “nuestras instituciones están bajo fuerte amenaza”, una frase que ahora resuena con su batalla legal contra el gobierno federal.
Además, la procuradora general de Arizona, Kris Mayes, respaldó públicamente a Fontes, comprometiéndose a defender los datos privados de los votantes.
Críticos y expertos en derechos electorales ven la ofensiva legal del DOJ, que ya ha demandado a 23 estados, como una “incursión de pesca” y una amenaza a la autoridad tradicional de los estados sobre la administración electoral.
Temen que los datos puedan usarse para justificar purgas masivas de votantes basadas en información defectuosa y Fontes ha cuestionado abiertamente los motivos y la competencia de quienes manejarían la información.
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Para Arizona, un estado con un historial reciente de intensas disputas electorales, este caso representa un nuevo capítulo en la lucha por el equilibrio entre transparencia, privacidad y control estatal.
La promesa de Fontes de ir a la cárcel antes de ceder define una batalla legal que podría tener profundas consecuencias para la administración de elecciones en todo el país, mientras el secretario de Estado se prepara para una contienda electoral que ahora está inseparablemente ligada a este principio.
