La demanda, que es la número 40 que la oficina de Mayes presenta contra la administración Trump, argumenta que la orden viola la separación de poderes e interfiere ilegalmente con los programas de voto por correo de los estados. CORTESIA: Maricopa County Elections
Fiscal Mayes y Secretario Fontes califican la medida como anticonstitucional y señalan hipocresía
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, y el secretario de Estado, Adrián Fontes, anunciaron este viernes una demanda federal contra la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el 31 de marzo, la cual instruye al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social a elaborar una lista nacional de ciudadanos elegibles para votar.
La medida también ordena al Servicio Postal de Estados Unidos que entregue boletas solo a quienes figuren en esa lista, bajo amenaza de procesamiento penal para los funcionarios electorales que no cumplan y de retención de fondos federales a los estados disidentes.
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La demanda, presentada ante el tribunal federal de Massachusetts, cuenta con el respaldo de una coalición de 23 estados liderada por las fiscalías de Massachusetts, California, Nevada y Washington.
“Millones de independientes, republicanos y demócratas en Arizona han votado por correo durante décadas. De hecho, más del 80% de los votantes de Arizona emiten sus boletas de esta manera elección tras elección. Las familias militares votan por correo. Los arizonenses rurales votan por correo. Los miembros de tribus votan por correo. La orden ejecutiva de Donald Trump ataca a todos estos votantes. Pero la Constitución es absolutamente clara: los estados dirigen sus elecciones. No el presidente. Y Arizona no permitirá que el gobierno federal se apodere de nuestras elecciones”, destacó Mayes.
Fontes calificó la orden como “la mayor amenaza para la seguridad de nuestras elecciones” y afirmó que “Donald Trump continúa mintiendo sobre ellas. Las elecciones de Arizona son dirigidas por arizonenses —nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestra familia. Este último ataque al voto por correo y a la privacidad del votante es un ataque directo no solo a nuestros votantes, sino a nuestros administradores electorales, que trabajan día y noche para mantener la democracia en funcionamiento”.
La incongruencia del presidente quedó en evidencia cuando, apenas días antes de firmar la orden, Trump votó por correo en la elección especial del distrito 87 de Florida, donde reside su club Mar-a-Lago.
Junto a él, la primera dama Melania Trump y su hijo Barron también utilizaron boletas por correo, el mismo método que el mandatario ha calificado repetidamente como “trampa” y que su orden ejecutiva busca restringir severamente.
Acción de congresistas
Los representantes Greg Stanton, Yassamin Ansari y Adelita Grijalva enviaron una carta al fiscal general en funciones, Todd Blanche, advirtiendo que la orden descalificaría a la abrumadora mayoría de los arizonenses que votan por correo; en 2024, el 85% de las boletas en Arizona se emitieron de forma anticipada, la mayoría por correo.
La delegación también rechazó la creación de una lista nacional de votantes, calificándola de “sin precedentes e innecesaria”, y señaló que un estudio de la Fundación Heritage encontró solo 23 casos de votación por parte de no ciudadanos en elecciones federales entre más de 1,200 millones de boletas emitidas en las últimas dos décadas.
La demanda, que es la número 40 que la oficina de Mayes presenta contra la administración Trump, argumenta que la orden viola la separación de poderes e interfiere ilegalmente con los programas de voto por correo de los estados.
El voto sin excusa fue aprobado en Arizona en 1991 por una Legislatura republicana y firmado por un gobernador republicano, y en 2007 se amplió para que todos los votantes elegibles reciban automáticamente su boleta por correo.
Mayes, quien asegura tener un porcentaje de victorias cercano al 80% y casi del 100% en casos electorales, afirmó que “los padres fundadores estarían horrorizados por esta orden ejecutiva”.
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La batalla legal se suma a la guerra que Arizona ya libra contra la administración Trump por la negativa del estado a entregar sus listas de votantes; el Departamento de Justicia demandó a Fontes en enero por negarse a proporcionar los registros, y el secretario de Estado ha declarado que prefiere ir a la cárcel antes que cumplir con lo que considera una intromisión ilegal.
La orden ejecutiva de Trump, mientras tanto, ha sido calificada por expertos electorales como “claramente inconstitucional”, y se espera que los tribunales la bloqueen de manera similar a como ocurrió con un intento anterior en marzo de 2025.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la medida al afirmar que “el presidente está protegiendo la integridad de nuestras elecciones”, pero la incongruencia de que el propio Trump votara por correo mientras lo califica de “fraude” subraya la acusación de que la política busca suprimir el voto más que protegerlo.
