El sheriff Chris Nanos, que asumió su segundo mandato en enero, calificó la demanda como “prematura”. CORTESIA: Pima County Sheriff’s Department
La organización exige transparencia en colaboración de agentes con Inmigración
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Arizona demandó al Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD) a finales de julio, acusándolo de violar las leyes estatales de acceso a la información pública.
La organización busca documentos que revelen con qué frecuencia los agentes contactan a autoridades migratorias federales durante paradas de tráfico rutinarias, una práctica bajo escrutinio por su potencial papel en las deportaciones.
En mayo de 2025, la ACLU solicitó registros de radio, informes de incidentes y detalles sobre la verificación de estatus migratorio durante los últimos cuatro años. La petición incluía documentos sobre una política interna, eliminada en junio de 2023 pero vigente en el papel hasta julio de 2025, que exigía rastrear todas las “solicitudes de asistencia” a inmigración.
Pese al plazo transcurrido, el departamento no proporcionó los registros ni estimó un calendario para hacerlo, según la demanda.
El sheriff Chris Nanos, demócrata, calificó la demanda como “prematura”, argumentando que procesar solicitudes de cuatro años requiere semanas de trabajo y su oficina está ocupada en “transcribir informes policiales”, entre otras tareas.
Sin embargo, admitió que la política de rastreo se abandonó en la práctica hace dos años por considerarla “inútil” y “onerosa”.
Aunque Nanos ha prometido públicamente que su departamento “no aplica leyes migratorias federales”, una investigación de periodística documentó al menos 16 casos entre enero de 2022 y junio de 2023 donde agentes entregaron a personas indocumentadas al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Estos casos surgieron principalmente durante paradas de tráfico o allanamientos, generando preocupación entre defensores de migrantes sobre perfil racial.
Nanos rechazó las acusaciones, citando datos internos: el 55% de las paradas vehiculares en 2025 involucraron a personas identificadas como blancas y el 35% como hispanas, cifras que alinearían con la demografía del condado.
No obstante, la ACLU subraya que estos datos no capturan qué ocurre tras un contacto con inmigración, ni explican la eliminación de una cláusula clave que prohibía considerar “raza, color u origen nacional” para establecer “sospecha razonable” de estatus migratorio.
Desconfianza Comunitaria
La demanda se enmarca en un clima nacional de tensiones migratorias, pues bajo la campaña de deportaciones masivas del expresidente Donald Trump, la colaboración entre agencias locales y federales ha enfrentado críticas por opacidad.
En Tucson, activistas han difundido videos en redes sociales que muestran a policías coordinando con agentes de CBP durante operativos, alimentando desconfianza en comunidades inmigrantes.
Nanos atribuye esta desconfianza a la “reacción contra la administración Trump”, insistiendo en que el público puede fiscalizar a sus agentes: “Si una parada fue ilegal o incorrecta, que nos llamen”.
Sin embargo, la ACLU enfatiza que sin registros claros, es imposible auditar el cumplimiento de las propias normas del departamento.
