La fiscal general de Arizona, Kris Mayes se une a nuevos recursos legales contra la administración Trump. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Una coalición de fiscales generales, liderada por Kris Mayes de Arizona, demandó a la administración Trump para evitar la desfinanciación total del Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés).
La acción legal argumenta que la medida es ilegal y dejaría a los consumidores desprotegidos ante prácticas financieras abusivas; esta agencia, creada tras la Gran Recesión, ha devuelto más de 21,000 millones de dólares a estadounidenses perjudicados.
La demanda se dirige contra el director interino del CFPB, Russell Vought, quien se niega a solicitar fondos a la Reserva Federal, su fuente de financiación designada por ley.
Vought sostiene que la agencia solo puede usar “ganancias” del Fed, las cuales afirma que son inexistentes; su decisión provocaría que el organismo agotara sus recursos operativos en enero de 2026.
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“La Oficina de Protección Financiera del Consumidor es una de las herramientas más efectivas”, declaró la fiscal general Mayes, agregando que “privar deliberadamente de fondos a esta agencia deja a los consumidores en riesgo de fraude”.
Los fiscales generales sostienen que la desfinanciación viola la ley y la Constitución, pues el CFPB tiene la obligación legal de compartir quejas y datos con los estados. Sin esta información, los esfuerzos estatales para investigar irregularidades y asegurar reembolsos se verían severamente perjudicados.
La agencia es además el único supervisor federal autorizado para los bancos más grandes del país y la demanda busca una orden judicial que obligue al CFPB a solicitar los fondos necesarios para cumplir su mandato legal.
Paralelamente, la fiscal general Mayes encabeza otra acción multinacional dirigida a proteger a los consumidores en línea y junto a una amplia coalición de fiscales, solicitó a Meta que restrinja los anuncios de fármacos para perder peso no aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
La petición exige prohibir el uso de contenido generado por inteligencia artificial en estos anuncios, el cual a menudo emplea modelos y profesionales de salud falsos y además, piden que se exija una divulgación clara de los riesgos y que se redirija a las personas hacia recursos educativos.
Estas iniciativas reflejan una estrategia dual para defender a los consumidores, combinando un desafío legal de alto nivel con una presión regulatoria sobre prácticas publicitarias engañosas.
La posible paralización del CFPB plantea un riesgo significativo en un momento de niveles elevados de deuda familiar.
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El resultado del litigio definirá la capacidad institucional para proteger a los consumidores, mientras las acciones sobre publicidad digital buscan anticiparse a nuevas formas de fraude.
La coalición en la demanda incluye a fiscales generales de California, Nueva York, Michigan y otros veinte estados, además del Distrito de Columbia.
