Con estas demandas, Kris Mayes, Fiscal General de Arizona busca rescatar fondos para escuelas y contra desastres. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, ha intensificado su ofensiva jurídica contra la administración de Donald Trump al anunciar tres nuevas demandas esta semana, elevando a 23 los recursos legales interpuestos en solo seis meses.
Esta campaña sin precedentes busca bloquear recortes en educación, gestión de desastres y protección de datos médicos que afectarían gravemente a los arizonenses.
“Estas acciones ilegales aumentan costos para nuestras familias y desatan el caos en servicios esenciales”, declaró Mayes, quien lidera coaliciones multiestatales para confrontar lo que denuncia como un “patrón de violaciones constitucionales”.
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La demanda más urgente, presentada junto a 23 estados y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, impugna el congelamiento federal de $132 millones destinados a Arizona (parte de $6,800 millones nacionales) para programas educativos críticos, estos fondos benefician a niños migrantes, estudiantes de inglés y escuelas rurales, entre otros grupos vulnerables.
Mayes fue contundente: “Es ilegal que Trump retenga estos fondos y desate el caos en estudiantes y familias”, señalando que programas de verano y capacitación docente ya han sido cancelados semanas antes del inicio del año escolar.
La medida viola la Ley de Control de Apremios y la Cláusula de Presentación Constitucional, según la demanda.
“Este dinero paga maestros, suministros y oficiales de seguridad. Las comunidades tendrán que luchar porque el presidente intenta reescribir la ley”, agregó la fiscal, destacando que Arizona sufre un impacto desproporcionado por su alta población de estudiantes de inglés.
Estas acciones reflejan una estrategia legal consolidada que respalda declaraciones de líderes como la representante Nancy Gutiérrez, quien advirtió que desmantelar el Departamento de Educación convertiría a las escuelas en “blanco de ataques por ser el antídoto contra el fascismo”.
En otra acción legal, Mayes y 20 estados exigen restituir el programa BRIC de FEMA,clave para prevenir desastres, tras su cancelación abrupta y Arizona perdería $9.8 millones destinados a proyectos como el control de inundaciones en Buckeye ($4.6 millones) y la protección de vías de emergencia en Camp Verde ($860,000).
“La hostilidad de Trump hacia el apoyo por desastres es evidente. Necesitamos todos los recursos disponibles”, denunció Mayes, vinculando el recorte con la temporada de incendios forestales como el acontecido el fin de semana en el norte del estado.
Mayes también vinculó los recortes a FEMA con tragedias recientes, cuestionando si “despidos en el Servicio Forestal” contribuyeron al catastrófico incendio de Prescott. Todas las demandas alegan violaciones a la separación de poderes, enfatizando que “ningún presidente puede reescribir la ley”.
La demanda subraya que cada dólar invertido en mitigación ahorra seis en reparaciones posteriores, según estudios federales.
Con 23 demandas en seis meses, Mayes posiciona a Arizona como epicentro de la resistencia jurídica a Trump.
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Sus batallas legales, respaldadas por fiscales demócratas y gobernadores clave,trascienden lo partidista: “Esto no es política; es proteger a nuestra gente de decisiones ilegales”.
ientras tribunales federales evalúan medidas cautelares urgentes, Arizona enfrenta una carrera contrarreloj para salvaguardar programas vitales antes del inicio del año escolar y el pico de la temporada de incendios.
