La administración Trump impulsa la Ley SAVE, legislación que requeriría prueba de ciudadanía para registrarse e identificación para votar, medidas que Arizona ya implementa desde hace años. CORTESIA: Maricopa County Elections
“Las teorías conspirativas desacreditadas no son base legal”, dicen Mayes y Fontes
La fiscal general Kris Mayes calificó como inconstitucional el borrador de orden ejecutiva que circula en la Casa Blanca para federalizar los comicios bajo una falsa emergencia nacional, mientras el secretario de Estado Adrián Fontes advirtió que impugnará en tribunales cualquier intento de violar la Constitución; el senador Mark Kelly se sumó a las críticas afirmando que “los estadounidenses no permitirán que se socaven sus derechos al voto”.
La fiscal general Kris Mayes respondió categóricamente a los reportes sobre un borrador de orden ejecutiva que otorgaría al presidente Donald Trump control sin precedentes sobre las elecciones, declarando que “ningún presidente tiene autoridad constitucional para ‘tomar control’ de los comicios”.
El documento, redactado por el abogado Peter Ticktin, declararía una emergencia nacional basada en alegaciones sin evidencia de interferencia china en 2020 para justificar medidas como el registro obligatorio de todos los votantes, el conteo manual de boletas y la eliminación de máquinas tabuladoras.
Mayes enfatizó que “los resultados electorales de Arizona en 2020 fueron sometidos a investigación, auditoría, litigio y certificación, incluso por miembros del propio partido del presidente”, añadiendo que “no hay nada que volver a litigar, y las teorías conspirativas desacreditadas no son base legal para tomar control de las elecciones estadounidenses”.
Su postura refleja la solidez de un sistema que ya ha resistido múltiples impugnaciones judiciales sin encontrar evidencia de fraude generalizado.
El secretario de Estado Adrián Fontes adoptó un tono igualmente firme, declarando que no se dejará distraer por el “ruido de Washington” y que, si la orden ejecutiva vulnera la Constitución como la anterior, “la impugnaremos en los tribunales”.
Fontes también expresó su escepticismo tras una reunión con agencias federales donde Heather Honey, una alta funcionaria de DHS con historial de negacionismo electoral, aseguró que agentes de ICE no estarán presentes en los centros de votación.
“Cuando escuché que era ella, supe que no podía creerlo”, declaró Fontes, exigiendo garantías por escrito de Kristi Noem o Todd Lyons.
El senador Mark Kelly se sumó a las críticas a través de su cuenta en X, recordando que Trump ya había amenazado con imponer nuevas reglas electorales “lo apruebe o no el Congreso”, y advirtiendo que “una toma federal de nuestras elecciones viola la Constitución y la ley”.
Su declaración subraya el creciente consenso entre los demócratas de Arizona sobre la necesidad de defender la autonomía electoral estatal.
El borrador, cuyas versiones anteriores fueron impulsadas por la aliada de Trump y negacionista electoral Cleta Mitchell, también eliminaría el voto secreto al requerir identificadores únicos para cada boleta y un código personal para cada votante.
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Estas medidas, junto a la exigencia de que todos los resultados estén listos antes de la medianoche del día de la elección, han sido durante años parte de las demandas de los teóricos de la conspiración electoral.
La propuesta se da mientras la administración Trump impulsa la Ley SAVE, legislación que requeriría prueba de ciudadanía para registrarse e identificación para votar, medidas que Arizona ya implementa desde hace años.
Durante su visita a Phoenix en febrero, la secretaria Kristi Noem calificó las elecciones del estado como un “desastre absoluto”, pero cuando se le pidieron ejemplos concretos de fraude generalizado, no pudo citar ni un solo caso.
