La vicealcaldesa de Phoenix y concejal del Distrito 8, Kesha Hodge Washington durante su conferencia sobre los Desalojos. CORTESIA: City of Phoenix / Facebook
La vicealcaldesa de Phoenix, Kesha Hodge Washington, celebró la entrada en vigor de la Ley HB 2244, una reforma bipartidista que establece un proceso claro para que los inquilinos que hayan pagado la totalidad de un fallo por desalojo puedan solicitar la satisfacción del mismo y el sellado de sus registros judiciales.
La medida, firmada por la gobernadora Katie Hobbs el 19 de junio pasado, busca eliminar barreras que impedían a miles de arizonenses acceder a una vivienda por antecedentes de desalojo ya resueltos.
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La ley, impulsada por el representante republicano Walt Blackman, modifica los artículos 12-1567 y 22-247 de los estatutos revisados de Arizona.
Bajo la nueva normativa, la parte vencedora en un juicio de desalojo debe presentar la satisfacción del fallo dentro de los 40 días posteriores al pago total, y si un arrendador no responde en un plazo de 15 días a una moción del inquilino para exigir ese cumplimiento, la cuota de presentación se exime, no se celebra audiencia, el fallo se considera satisfecho y el juez puede ordenar el sellado de todos los registros relacionados, de acuerdo con el texto legislativo.
La vicealcaldesa Hodge Washington, abogada litigante en materia civil y primera mujer afroamericana electa al Concejo Municipal de Phoenix, testificó a principios de este año ante el Comité de Justicia y Elecciones del Senado estatal para subrayar la importancia de la reforma.
En su intervención, señaló que había visto a demasiados inquilinos que, tras pagar la renta atrasada y las tarifas, seguían enfrentando dificultades simplemente porque nunca se había presentado una satisfacción del fallo.
“En mi trabajo como abogada de litigios civiles, he visto a demasiados inquilinos que pagaron su renta atrasada y sus tarifas y aún así luchan simplemente porque nunca se presentó una satisfacción del fallo”, declaró la funcionaria.
La concejal agregó que “cuando eso sucede, las familias que hicieron todo lo que se les exigió pueden ser negadas de futuras oportunidades de vivienda”; la vicealcaldesa también agradeció el liderazgo de la gobernadora Hobbs, del representante Blackman y de la coalición bipartidista que hizo posible la legislación.
La reforma llega en un momento crítico para el mercado de alquileres en Arizona; según datos del Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton, el Condado de Maricopa registró 48,170 solicitudes de desalojo en lo que va de 2026 hasta el 1 de agosto, y solo en agosto se presentaron 7,743 casos en los 26 tribunales de justicia del condado, con un fallo promedio contra el inquilino de 3,385 dólares, de acuerdo con reportes a la prensa.
Organizaciones como el Centro de Arizona para el Progreso Económico han advertido que la crisis de desalojos se ve agravada por la disminución de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que ha dejado de distribuir aproximadamente 346 millones de dólares desde mediados de 2025.
Esta pérdida de apoyo, sumada al aumento de los costos de servicios públicos como electricidad y agua, ha empujado a más familias al borde de la inestabilidad habitacional, según reportes a la prensa.
El representante Blackman, quien representa al Distrito 7 en el norte de Arizona y ha impulsado otras iniciativas como la Ley de Valor Robado, logró que el proyecto de ley fuera aprobado por amplios márgenes en ambas cámaras legislativas.
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En la Cámara de Representantes, la votación fue de 54 votos a favor y 2 en contra, mientras que en el Senado fue de 28 a favor y ningún voto en contra, de acuerdo con reportes a la prensa.
Algunos sectores han expresado reservas sobre la reforma, pues rrepresentantes de arrendadores han señalado que los cambios podrían favorecer a los inquilinos a expensas de los propietarios y que el sellado de registros podría dificultar la evaluación de antecedentes por parte de los administradores de propiedades, según análisis publicados por reportes a la prensa.
