México acumula 132,000 casos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. CORTESIA: Madres Buscadoras de Sonora
La desaparición de diez mineros en la sierra de Sinaloa, cuyos restos fueron hallados en fosas clandestinas tras 15 días de angustia, no es un hecho aislado sino el reflejo de una tragedia que en México acumula 132,000 personas en esa condición, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Sinaloa concentra 7,027 casos, aunque Tamaulipas lidera la lista con 13,667, seguido de Jalisco con 12,681. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, atribuyó el crimen a la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, donde los trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver fueron “confundidos” con integrantes del grupo rival.
María Isabel Cruz Bernal, fundadora de Sabuesos Guerreras, conoce bien esa realidad; desde enero de 2017 busca a su hijo Reyes Yosimar, policía municipal desaparecido en Culiacán, y en nueve años ha ayudado a cientos de madres a encontrar a sus seres queridos, la mayoría en fosas clandestinas.
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“Pocos, muy pocos con vida”, dice, relatando también la indolencia de autoridades, la burocracia y la confrontación abierta del crimen organizado que intenta evitar las búsquedas en los cementerios clandestinos sembrados por todo el país.
Brenda Valenzuela emprendió su propia búsqueda el 5 de octubre pasado, cuando su hijo Carlos Emilio Galván, de 21 años, desapareció en un bar de Mazatlán mientras celebraba su cumpleaños.
Desde entonces, ella ha costeado viajes a Culiacán, Mazatlán y la Ciudad de México para exigir actuación federal, enfrentando amenazas del crimen y la inactividad de autoridades.
“No me voy a detener hasta encontrar a mi hijo”, ha repetido en cada oportunidad.
La crisis de desapariciones se complementa con una crisis forense sin precedentes: hasta finales de 2023, más de 72,100 cuerpos permanecían sin identificar en servicios forenses de todo el país, según la organización Quinto Elemento Lab.
El 48% de esos cuerpos se registró en los últimos seis años, cuando se exacerbó la lucha entre organizaciones criminales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Organizaciones como A Dónde Van los Desaparecidos han documentado más de 4,500 fosas clandestinas entre 2006 y 2024, con 6,998 cuerpos exhumados, aunque las cifras oficiales varían drásticamente.
Ante esta realidad, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la necesidad de actualizar el registro nacional argumentando casos resueltos no reflejados, una postura similar a la de su antecesor que entonces recibió críticas por intentar “maquillar” las cifras.
La entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, renunció por la controversia y hoy dirige la institución sobre desaparecidos en Siria para la ONU.
Las historias de Brenda y María Isabel se entrelazan con las de cientos de familias; el caso de los cinco jóvenes de Tierra Blanca, Veracruz, “levantados” en 2016 por policías y entregados al cártel local, derivó en la primera disculpa pública del Estado mexicano por desaparición forzada en 2019.
Y el emblemático caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes rurales fueron secuestrados en 2014, cumple once años sin respuestas mientras sus padres exigen verdad y justicia.
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Para muchas familias, encontrar los restos de un ser querido se ha convertido en un alivio que pone fin a la búsqueda y permite el duelo; otras, la mayoría, ni siquiera tienen ese consuelo.
Son las madres buscadoras, con su fortaleza y determinación, quienes mantienen viva la esperanza en un país donde la desaparición forzada y la crisis forense parecen no tener fin.
