El fallo sella un precedente clave: la imposibilidad de responsabilizar penalmente a fabricantes por crímenes cometidos con armas vendidas legalmente, incluso cuando estas cruzan fronteras para alimentar crisis humanitarias. CORTESIA: Freepik
Blindan a los fabricantes frente al histórico recurso legal interpuesto por México
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por unanimidad la demanda de 10,000 millones de dólares presentada por México contra siete fabricantes estadounidenses de armas.
Los jueces determinaron que el país no logró demostrar vínculos jurídicos suficientes entre las prácticas comerciales de las empresas y la violencia de los cárteles mexicanos.
En su fallo del 7 de agosto de 2024, la jueza Elena Kagan —designada por Obama— señaló que las acusaciones de “complicidad” carecían de sustento, pues México argumentaba que los fabricantes permitían deliberadamente ventas a distribuidores negligentes (“rogue dealers”), facilitando el tráfico de 500,000 armas anuales hacia cárteles.
Sin embargo, Kagan precisó: “Es poco probable que tal conducta, sin más, cuente como ‘ayuda y complicidad’ y las acusaciones plausibles de México son de ‘indiferencia’, más que de asistencia”.
La decisión anuló un fallo previo de 2024 donde un tribunal de apelaciones había reactivado la demanda y se fundamentó en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005, que protege a fabricantes de demandas por uso criminal de sus productos.
México alegaba que esta ley no aplicaba cuando el daño ocurría fuera de Estados Unidos, pero la Corte no aceptó este argumento.
Kagan destacó dos fisuras críticas: La cadena de suministro involucraba a mayoristas independientes, diluyendo la responsabilidad directa de los fabricantes sobre distribuidores finales.
Elementos como grabados en español o diseños “narco” (ej: pistolas Colt con la imagen de Emiliano Zapata usadas en asesinatos) no probaban intención de mercadear a criminales, pues también atraen a consumidores legales en Estados Unidos.
Asimismo, enfatizó que rifles como el AR-15 son “legales y comprados por consumidores ordinarios”.
México expresó decepción y anunció que explorará recursos legales alternativos, incluida una apelación o presentar la demanda en otros tribunales. La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró: “Continuaremos insistiendo en que la venta de armas sea responsable y transparente”.
Lawrence Keane, abogado del lobby armamentístico National Shooting Sports Foundation, calificó la demanda de “frívola” y celebró el fallo como un triunfo para la industria.
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El caso evidenció tensiones estructurales: mientras México tiene una sola armería con trámites rigurosos, en Estados Unidos el acceso a armas es fácil, facilitando compras con “testaferros”.
Pese al revés legal, analistas como Ioan Grillo destacaron que la demanda logró visibilizar el tráfico como un “catalizador de amenazas regionales”, vinculado a migración y tráfico de opioides.
El fallo sella un precedente clave: la imposibilidad de responsabilizar penalmente a fabricantes por crímenes cometidos con armas vendidas legalmente, incluso cuando estas cruzan fronteras para alimentar crisis humanitarias.
Para México, la batalla jurídica terminó; la lucha contra el flujo de armas, no.
