El caso de Tom Crosby subraya la necesidad de reforzar las leyes y políticas que protegen la integridad electoral y garantizan que quienes ocupan cargos públicos rindan cuentas SCREENSHOT: Cochise County Board of Supervisors
Supervisor del condado de Cochise, debe responder por cargos penales en su contra
En un caso emblemático que resalta los desafíos actuales en torno a la confianza en las instituciones democráticas, un tribunal de apelaciones de Arizona rechazó el argumento del supervisor del condado de Cochise, Tom Crosby, de que los cargos penales en su contra deberían desestimarse bajo el pretexto de inmunidad legislativa. Crosby, miembro del Partido Republicano y partidario del movimiento MAGA, enfrenta acusaciones de conspiración e interferencia con un funcionario electoral por retrasar la certificación de los resultados electorales del condado en 2022.
El tribunal concluyó que certificar los resultados electorales es una responsabilidad administrativa y no una función legislativa discrecional, lo que refuta el argumento de Crosby. Su juicio está programado para el 30 de enero de 2025.
Este caso es solo un ejemplo más de cómo el movimiento “Make America Great Again” (MAGA), encabezado por el expresidente Donald Trump, ha socavado la confianza en las instituciones democráticas. Figuras como Kari Lake, exconductora de noticias y candidata fallida a la gobernación de Arizona en 2022 y al senado en 2024, han amplificado estas teorías de conspiración.
Lake, quien perdió por un margen estrecho ante la demócrata Katie Hobbs, presentó múltiples demandas para impugnar los resultados electorales, todas rechazadas por falta de pruebas.
Pagando las consecuencias
En el caso del condado de Cochise, Crosby y su colega Peggy Judd se negaron inicialmente a certificar los resultados electorales basándose en preocupaciones infundadas sobre irregularidades en el conteo de votos. Esta negativa no solo violó sus deberes legales, sino que también puso en riesgo la certificación estatal de los resultados, subrayando el impacto tangible del negacionismo electoral en los procesos democráticos.
