El reconocido periodista Don Lemon fue detenido por agentes federales en Los Ángeles mientras cubría los premios Grammy, por su cobertura en la protesta en Cities Church de Saint Paul, Minnesota. CORTESIA: Don Lemmon / Facebook
Arresto de Don Lemmon y Georgia Fort desata una crisis constitucional sobre la libertad de prensa
El arresto del expresentador Don Lemon y de la comunicadora independiente Georgia Fort, por documentar una protesta, genera un histórico enfrentamiento legal sobre los límites de la Primera Enmienda en los Estados Unidos.
El reconocido periodista Don Lemon fue detenido por agentes federales en Los Ángeles mientras cubría los premios Grammy; su abogado, Abbe Lowell, confirmó el arresto y lo calificó como un “ataque sin precedentes” a la libertad de prensa.
En un comunicado, Lowell argumentó que el trabajo de Lemon en Minneapolis estaba “protegido constitucionalmente” y era idéntico al realizado durante sus tres décadas de carrera; la fiscal general Pam Bondi anunció la detención de Lemon y otras tres personas por lo que denominó un “ataque coordinado”.
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Entre los detenidos se encuentra la periodista independiente Georgia Fort, quien grabó la protesta del 18 de enero en la Cities Church de Saint Paul; en un video durante su arresto, Fort declaró.
“Como miembro de la prensa, filmé la protesta en la iglesia hace unas semanas y ahora me arrestan por eso”.
Añadió su perplejidad sobre la vigencia de los derechos constitucionales “cuando puedes ser arrestado simplemente por ser miembro de la prensa”, un hecho de una rareza extraordinaria en la jurisprudencia estadounidense.
La base legal para estas acciones se encuentra en la Ley de Libertad de Acceso a Entradas de Clínicas, que también ampara lugares de culto, y en cargos por conspiración para violar derechos civiles; sin embargo, el proceso judicial fue marcadamente irregular.
Inicialmente, un juez federal magistrado se negó a firmar la orden de arresto para Lemon, al no encontrar causa probable suficiente para acusar a un periodista en ejercicio; el juez principal del distrito, Patrick Schiltz, respaldó esa decisión con un argumento claro.
Schiltz escribió que el gobierno “agrupa a todos los manifestantes” de manera indebida, pues “dos de ellos no eran manifestantes en absoluto; eran un periodista y su productor”, sin evidencia de conducta criminal.
A pesar de este rechazo judicial explícito, el Departamento de Justicia optó por una vía alternativa y presentó el caso ante un gran jurado, el cual emitió una acusación formal que permitió los arrestos.
Este giro procesal revela una profunda fractura entre el poder judicial y el ejecutivo en Minnesota, agravada por el contexto de las protestas; la manifestación en la iglesia respondía a una campaña de aplicación de leyes migratorias ordenada desde la Casa Blanca.
Dicha campaña resultó en los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, por agentes federales, lo que generó una ola de indignación y movilizaciones sociales en el estado.
Los manifestantes irrumpieron en la Cities Church porque su pastor era también un alto funcionario de la oficina de Control de Inmigración y Aduanas en Saint Paul.
La respuesta del gobierno, al perseguir penalmente a quienes documentaron los hechos y no abrir investigaciones por las muertes, es vista por críticos como una estrategia de distracción y amedrentamiento.
La reacción entre organizaciones de prensa y políticos opositores fue de alarma y condena inmediata; Seth Stern, de la Freedom of the Press Foundation, afirmó que estos arrestos son “claras advertencias dirigidas a otros periodistas”.
Stern subrayó que “el mensaje inconfundible es que los periodistas deben proceder con cautela porque el gobierno está buscando cualquier forma de atacarlos”, equiparando la intimidación a figuras nacionales como Lemon con la de periodistas locales como Fort.
Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, exigió en redes sociales la liberación inmediata de Lemon, alegando que “no hay base alguna para arrestarlo” y tildando al Departamento de Justicia de “ilegítimo”.
La cadena CNN, antigua empleadora de Lemon, emitió un contundente comunicado afirmando que su arresto “plantea preguntas profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa y la Primera Enmienda”.
La red sostuvo que esta enmienda “protege a los periodistas que son testigos de noticias y eventos mientras se desarrollan”, haciendo su labor de interés público.
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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también condenó la detención, asegurando que Lemon fue arrestado “simplemente por hacer su trabajo”, lo que refleja una amplia solidaridad en sectores de la sociedad civil y la política.
Este caso se perfila no como un incidente aislado, sino como el “mayor enfrentamiento por la Primera Enmienda” de la actual presidencia, con potencial para redefinir los límites del trabajo periodístico en una era de polarización; la estrategia de usar un gran jurado tras el rechazo judicial, y la aplicación de leyes destinadas a proteger clínicas y templos contra periodistas, establecen un peligroso precedente.
El desenlace legal determinará si la labor de documentar protestas, especialmente aquellas que cuestionan acciones gubernamentales, queda amparada por la Constitución o se convierte en un acto de alto riesgo procesable penalmente, alterando para siempre el equilibrio entre la libertad de prensa y el poder del estado.
