La iniciativa enviada al Congreso plantea modificar la Constitución para exigir que los aspirantes al Poder Ejecutivo federal y estatal en México renuncien a una doble nacionalidad. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La presidenta Claudia Sheinbaum hizo llegar este martes a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional orientada a endurecer los requisitos para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El objetivo central de la propuesta es establecer de manera expresa que los candidatos no cuenten ni adquieran una nacionalidad extranjera, buscando garantizar que “el interés de México esté por encima de cualquier otro”.
Renuncia obligatoria y lealtad exclusiva
De acuerdo con el documento, quienes busquen la Presidencia de la República o una gubernatura y cuenten con doble nacionalidad, estarán obligados a renunciar a aquella conferida por un gobierno extranjero antes de registrar su candidatura ante la autoridad electoral.
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La iniciativa subraya que este trámite no se limitará a una simple declaración ante las autoridades mexicanas. La legislación secundaria se encargará de asegurar que la renuncia incluya las actuaciones legales necesarias frente al Estado extranjero que otorgó dicha nacionalidad, para dar certeza absoluta sobre la exclusividad del vínculo jurídico con México.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo aclara que esta disposición no cuestiona la identidad o el patriotismo de quienes poseen dos o más nacionalidades por motivos familiares o migratorios, una realidad que la propia Constitución reconoce como legítima. Sin embargo, argumenta que la titularidad del Poder Ejecutivo no es un cargo público ordinario, ya que implica responsabilidades directas sobre la soberanía, la seguridad nacional y las relaciones internacionales, lo que exige responder exclusivamente a México y a sus instituciones.
Prohibiciones durante el mandato y proceso legislativo
La reforma también contempla candados para que este requisito no aplique únicamente durante la etapa electoral, sino que se mantenga vigente durante todo el periodo en que el funcionario ejerza el poder.
La propuesta establece expresamente que quien ejerza la Presidencia o una gubernatura no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante su mandato. Asimismo, prohíbe actitudes que se consideren incompatibles con esta lealtad, tales como el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por otro país, el ejercicio de derechos políticos extranjeros o el buscar asilo bajo protección diplomática internacional.
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Para materializar estos cambios, la iniciativa plantea la modificación de los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna. Tras su recepción en la Comisión Permanente, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que el documento ya fue turnado a la Cámara de Diputados, la cual fungirá como cámara de origen para su análisis, discusión y eventual aprobación.
