Mientras el banco de la familia espera la aprobación final y la demanda contra Truth API avanza, la pregunta que queda en el aire es hasta dónde llegará esta mezcla de negocios privados y poder público en una administración que ha hecho de esa confusión su sello distintivo. CORTESIA: Magnific
Su gobierno autoriza un banco a la familia y promueve hasta la venta de acceso previo a sus mensajes en redes sociales
En apenas unas semanas se ha reavivado el debate sobre los conflictos de interés y la monetización del poder presidencial, el presidente Donald Trump ha protagonizado dos movimientos que han puesto en el centro del escenario la relación entre sus negocios privados y su cargo público.
El pasado 14 de agosto, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) otorgó una aprobación condicional preliminar para que World Liberty Trust Company, vinculada a la familia Trump, operara como un banco fiduciario nacional especializado en la emisión de la moneda estable USD1.
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Mientras que, desde el 1 de agosto, Trump Media & Technology Group (TMTG) ofrece Truth API, un servicio que cobra hasta 100,000 dólares mensuales a firmas de Wall Street por acceso milisegundos más rápido a las publicaciones de Trump en Truth Social, un servicio que ya ha sido demandado por dos organizaciones de prensa por presunta violación de la Constitución.
Un banco para la familia Trump
La aprobación de la OCC, formalizada mediante la Decisión Corporativa #1385, responde a una solicitud presentada el 7 de enero de 2026 por World Liberty Trust Company, una entidad vinculada a World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas que Trump y sus hijos fundaron en 2024.
La familia Trump posee aproximadamente el 38 por ciento de la compañía a través de una entidad afiliada, lo que representa una participación valorada en unos 630 millones de dólares de los 1,700 millones que vale la empresa.
El banco, que tendrá su sede en Bay Harbor Islands, Florida, no podrá recibir depósitos tradicionales del público ni otorgar préstamos, pero sí podrá emitir, custodiar y canjear directamente la stablecoin USD1, una criptomoneda respaldada por el dólar que ya tiene una capitalización cercana a los 4,000 millones de dólares.
Zach Witkoff, presidente de World Liberty Trust e hijo del enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, celebró la decisión.
“Nuestra ambición es clara: construir el dólar digital más confiable y utilizado en el mundo”, dijo.
La senadora Elizabeth Warren calificó la decisión como “el acto de autocontratación más descarado que nuestro sistema financiero haya visto jamás”.
Warren y otros diez senadores demócratas presentaron la “Ley para Acabar con la Corrupción Presidencial en la Banca”, que prohibiría a los reguladores aprobar bancos propiedad del presidente, su familia o altos funcionarios.
La OCC, por su parte, ha defendido el proceso, señalando que la aprobación fue realizada por personal de carrera y que la entidad acordó compromisos de “pasividad” que le impiden a la familia Trump buscar puestos en la junta directiva o influir en la gestión del banco.
Presidencia a la venta por 100,000 dólares al mes
El 1 de agosto, Trump Media lanzó Truth API, un servicio que ofrece a bancos y firmas de trading acceso “en milisegundos” a las publicaciones de las cuentas más influyentes de Truth Social, incluyendo la del propio presidente.
El costo: entre 60,000 y 100,000 dólares mensuales. “Los mercados ya se mueven con las publicaciones de Truth Social”, reconoció el director ejecutivo interino de TMTG, Kevin McGurn.
Trump posee aproximadamente el 41 por ciento de las acciones de TMTG a través de un fideicomiso, una participación valorada en cerca de 1,000 millones de dólares.
Los senadores Elizabeth Warren y Adam Schiff solicitaron a la SEC investigar si el esquema viola las leyes federales de valores, argumentando que “la información y la ventaja de velocidad en el trading podrían resultar en enormes ganancias para las firmas que pagan la cuota de suscripción”.
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El 12 de agosto, The Intercept y la Freedom of the Press Foundation presentaron una demanda federal en Manhattan contra Trump, su equipo y Trump Media.
Los demandantes argumentan que el servicio viola la Primera Enmienda al negar acceso igualitario a los anuncios presidenciales y la Quinta Enmienda al condicionar ese acceso a cantidades desorbitadas.
“Un presidente que vende acceso prioritario a noticias que él mismo genera en beneficio de una empresa privada que controla es un acto tan descaradamente corrupto e inconstitucional que habría sido difícil siquiera imaginarlo hace apenas unos años”, declaró Seth Stern, director de defensa de la Freedom of the Press Foundation.
Los dos casos reflejan un patrón que se ha repetido a lo largo del segundo mandato de Trump: la creciente intersección entre los negocios de la familia Trump y el poder presidencial.
