Un Juez federal en Texas bloquea el uso de ley de “enemigos extranjeros” para deportar, utilizado por la administración de Donald Trump. Foto: Cortesía /
El juez federal Fernando Rodríguez Jr., designado por Donald Trump en Texas, falló este jueves contra la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para detener y deportar a migrantes venezolanos vinculados a pandillas. En dos opiniones judiciales, declaró ilegal la estrategia de la administración Trump y autorizó una demanda colectiva que podría beneficiar a cientos de personas.
Rodríguez certificó como clase a migrantes venezolanos mayores de 14 años no naturalizados, arrestados bajo la proclamación de Trump que clasificó a las pandillas Tren de Aragua (TdA) y MS-13 como Organizaciones Terroristas Extranjeras. “Resolver cada caso individual sería tan numeroso que desperdiciaría recursos judiciales”, argumentó el magistrado.
Tres migrantes identificados como J.A.V., J.G.G. y W.G.H. impulsaron la demanda, buscando incluir a todos los no ciudadanos bajo custodia en el Distrito Sur de Texas afectados por la medida. La corte nombró al abogado Lee Gelernt, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), como consejero principal del grupo.
La ley de 1798: “Excede su alcance”
En su fallo, Rodríguez determinó que Trump sobrepasó los límites de la Ley de Enemigos Extranjeros, originalmente diseñada para conflictos bélicos. “La proclamación presidencial excede el alcance del estatuto. Detener, transferir o deportar a venezolanos bajo este marco es ilegal”, escribió.
La administración invocó esta ley colonial —usada por última vez en la Segunda Guerra Mundial— alegando una “invasión” de pandillas, lo que permitió a agencias perseguir presuntos miembros sin garantías procesales completas. Grupos de derechos civiles denunciaron la falta de debido proceso, mientras el gobierno defendió que los acusados, al ser etiquetados como terroristas, no tenían derechos plenos.
Rodríguez prohibió al gobierno usar la ley contra la clase certificada, calificando la protección de “justificada”. Además, citó un fallo de 1972 que admite acciones colectivas en habeas corpus, rechazando el argumento de que estas peticiones deben ser individuales.
El juez emitirá un fallo final con medidas de reparación en los próximos días, marcando un precedente en el uso de leyes históricas para políticas migratorias modernas.
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La operación, lanzada en mayo, buscaba deportar masivamente a presuntos pandilleros. Al declarar a TdA y MS-13 como terroristas, las agencias ganaron poderes ampliados para arrestos. Sin embargo, críticos señalaron redadas indiscriminadas y deportaciones exprés sin acceso a abogados.
Este fallo representa un revés para la retórica de “mano dura” de Trump, quien prometió en su campaña 2024 reactivar deportaciones masivas “desde el día uno”. Organizaciones como ACLU celebran el fallo como un “muro contra el abuso”, pero anticipan apelaciones.
Mientras, la batalla legal redefine hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo en su combate contra la migración irregular, usando herramientas jurídicas de otra era en un Estados Unidos polarizado.
