Tom Homan, ex director interino de ICE, regresa ahora nombrado “zar de la frontera. CORTESIA: Control de Aduanas.
Asoman planes para revocar ciudadanía por nacimiento y de miles de “arreglados”
Con su reciente elección como presidente, Donald Trump ha reafirmado su compromiso de implementar un plan de control migratorio sin precedentes, que incluye el fin de la ciudadanía por nacimiento, procesos de denaturalización, la reactivación de estrictas políticas fronterizas y la deportación masiva de inmigrantes mediante redadas y campamentos de detención.
Trump anunció la nominación de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el cual será el encargado de implementar su plan de deportaciones masivas de millones de personas sin estatus legal en el país.
Noem se unirá al equipo de Trump junto a Tom Homan, exdirector de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ahora nombrado “zar de la frontera” y al asesor político Stephen Miller, para liderar la seguridad y control migratorio en Estados Unidos.
En mayo del año pasado, Trump publicó un video de campaña en el que renovaba su llamamiento a poner fin a este antiguo derecho constitucional, afirmando que firmaría una orden ejecutiva el primer día de su presidencia que garantizaría que los niños nacidos de padres sin estatus legal en Estados Unidos no serían considerados ciudadanos estadounidenses.
“Estados Unidos es uno de los únicos países del mundo que dice que incluso si ninguno de los padres es ciudadano o está legalmente en el país, sus futuros hijos son automáticamente ciudadanos en el momento en que los padres entran en nuestro suelo”, dijo Trump, en una política que la ultraderecha aplaude.
Aunque la medida podría ser considerada anticonstitucional, con un Congreso de dominio republicano en ambas cámaras y la inclusión de solamente funcionarios leales y serviles al próximo Presidente, no se antoja improbable.
Según el plan de la administración Trump, respaldado por el asesor Stephen Miller, el programa de desnaturalización iniciado durante el primer mandato de Trump se “turboalimentaría,” lo que permitiría que un mayor número de ciudadanos naturalizados enfrente procesos de revocación de su ciudadanía.
Esta medida, considerada extrema y generalmente reservada para casos excepcionales, se ampliaría significativamente con el fin de abarcar a individuos que anteriormente no habrían sido objeto de tales procesos; bajo otras administraciones, la desnaturalización se enfocaba en individuos acusados de crímenes graves, como antiguos criminales de guerra nazis que buscaban ocultarse en Estados Unidos, sin embargo, la administración Trump ha extendido su alcance a personas con órdenes de deportación antiguas, discrepancias en sus solicitudes o incluso a quienes enfrentan acusaciones sin cargos criminales.
La expansión de los procedimientos de desnaturalización ha generado temor en las comunidades de inmigrantes. Para muchos ciudadanos naturalizados, estos procedimientos recuerdan que errores en solicitudes pasadas podrían ser utilizados en su contra, llevándolos a perder su ciudadanía y, con ella, su estabilidad y derechos. Esta atmósfera de desconfianza también ha disuadido a residentes permanentes legales de buscar la ciudadanía, temerosos de posibles represalias o revisión de sus antecedentes.
Para revocar la ciudadanía de una persona naturalizada, el gobierno debe iniciar un proceso legal de desnaturalización en una corte federal, que puede ordenar la revocación civil de la naturalización si se demuestra que el ciudadano infringió algún criterio que justifique dicha medida. La ciudadanía puede revocarse a través de un proceso civil o de una condena penal, pero en ambos casos, el gobierno debe probar que la acción subyacente fue material para la decisión de otorgar la ciudadanía.
El ejecutor
Con la designación de figuras clave como Noem, Homan y Miller, la administración de Trump se prepara para implementar sus políticas a gran escala y laa estrategia incluye deportaciones bien planificadas y dirigidas hacia aquellos sin estatus legal, aunque aún quedan interrogantes sobre cómo afectará a las familias con estatus migratorio mixto.
En Estados Unidos, más de 14.4 millones de personas viven en familias con al menos un miembro con un estatus migratorio diferente, lo cual podría derivar en separaciones familiares masivas.
Durante una entrevista con 60 Minutos, Homan invitó a los inmigrantes a “autodeportarse” si se encuentran en el país de forma irregular y sentenció que “vamos a econtrararlos”, pero sin duda alguna la respuesta que más resonó fue que para evitar la separación de familias: “Podemos deportar a la familia entera”.
La política de “tolerancia cero” aplicada durante el primer mandato de Trump resultó en la separación de más de 5,000 familias, y aunque el DHS ha reunido al 74% de ellas, alrededor de 998 niños siguen separados de sus padres.
Trump no ha aclarado si planea reinstaurar esta política, pero ha sugerido que podría disuadir la inmigración irregular.
