Un informe del grupo de vigilancia ciudadana Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés), reveló que al menos 50 mil millones de dólares en contratos federales fueron adjudicados a empresas y particulares que donaron a la construcción del polémico salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto privado impulsado por el presidente Donald Trump.
La investigación, basada en el cruce de datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso con registros de donaciones filtrados, apunta a un patrón sistemático de favores gubernamentales a cambio de contribuciones, en un caso que los críticos califican como el mayor escándalo de tráfico de influencias de la administración actual.
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El proyecto del salón de baile, anunciado por Trump en abril de 2025 como un “regalo patriótico al pueblo estadounidense”, se financia exclusivamente con donaciones privadas a un fideicomiso administrado por aliados del presidente. Desde su lanzamiento, la Casa Blanca se ha negado a divulgar la lista completa de donantes, argumentando que la divulgación desincentivaría las contribuciones.
Sin embargo, CREW logró reconstruir parcialmente esa lista a través de filtraciones de formularios fiscales 990 del fideicomiso y testimonios de exempleados, lo que permitió cruzar los nombres con la base de datos de contratos federales de la Administración de Servicios Generales.
“Lo que encontramos es una máquina de pagar por jugar operando desde el propio 1600 de la Avenida Pensilvania”, declaró Noah Bookbinder, presidente de CREW, en conferencia de prensa. “Empresas que donaron millones al salón de baile de Trump recibieron miles de millones en contratos federales en los meses siguientes. No es una coincidencia: es corrupción estructural”.
El análisis identificó al menos 37 compañías cuyas donaciones al proyecto coincidieron temporalmente con la obtención de contratos del Pentágono, el Departamento de Energía y otras agencias, en sectores que van desde la construcción hasta la tecnología de defensa.
Entre los casos más llamativos, el informe cita a una firma aeroespacial con sede en Texas que donó 10 millones de dólares al fideicomiso en julio de 2025 y, tres meses después, recibió un contrato de 2,300 millones para el mantenimiento de flotas de combate; otra constructora de Florida, que aportó 5 millones, fue seleccionada para ampliar instalaciones fronterizas en Arizona por 800 millones de dólares.
CREW subrayó que, si bien no existe evidencia directa de un intercambio explícito, la correlación temporal y la magnitud de los contratos configuran “una apariencia de corrupción que por sí sola es condenable”.
La administración Trump restó importancia al informe. El portavoz presidencial, Harrison Fields, declaró que “el presidente ha sido transparente desde el primer día: el salón de baile es un proyecto que honra a los héroes de nuestra nación y las donaciones son actos voluntarios de patriotismo. Cualquier insinuación de irregularidad es calumniosa y políticamente motivada”.
No obstante, la Casa Blanca no ha desmentido las cifras de contratos reportadas, ni ha accedido a publicar la lista de donantes, a pesar de los llamados bipartidistas que han surgido en el Congreso.
El escándalo amenaza con avivar las audiencias de control en el Senado, donde el senador republicano Chuck Grassley ya ha solicitado al director de la Oficina de Ética Gubernamental que investigue si los donantes recibieron un trato preferencial.
“El pueblo estadounidense merece saber si las decisiones de contratación se están tomando con base en el mérito o en el tamaño del cheque”, dijo Grassley en un comunicado. La oposición demócrata, por su parte, exige la creación de una comisión independiente al estilo Watergate.
El salón de baile, cuyo costo total se estima en mil millones de dólares, ha sido una prioridad personal de Trump, quien lo ha descrito como “el recinto más hermoso del mundo”.
La polémica no es nueva: el año pasado, el Senado rechazó una partida presupuestaria para el proyecto, lo que llevó al presidente a financiarlo íntegramente con donaciones. Esa dependencia del dinero privado, alertan los expertos en ética pública, convierte cada contribución en un potencial conflicto de interés, particularmente cuando los donantes son contratistas del gobierno.
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El informe de CREW se publica a solo cinco meses de las elecciones legislativas de noviembre, en las que el control del Congreso está en juego. Los candidatos demócratas en distritos bisagra ya utilizan el caso como prueba de que los republicanos han convertido el gobierno en un negocio privado.
Mientras tanto, la base republicana, aunque mayoritariamente leal al presidente, muestra signos de fatiga ante los continuos escándalos, que van desde la guerra en Irán hasta el fallido Fondo Anti-Instrumentalización.
El hallazgo de los 50 mil millones de dólares añade una capa adicional a un gobierno que, para sus detractores, ha hecho del conflicto de intereses su marca de fábrica.
