La decisión del Departamento del Tesoro impedirá que personas con autorización de trabajo reciban beneficios a pesar de cumplir con sus obligaciones tributarias. CORTESIA: Arizona Dream Act Coallition / Facebook
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea reclasificar créditos fiscales reembolsables como “prestaciones públicas federales”, una medida que afectará directamente a inmigrantes contribuyentes en Arizona, incluidos beneficiarios del Acta Diferida Para Arribados en Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) mejor conocidos como “soñadores”.
Esta decisión impedirá que personas con autorización de trabajo reciban beneficios a pesar de cumplir con sus obligaciones tributarias, reflejando un enfoque “integral de gobierno” en la agenda migratoria de la administración Trump.
La medida impactaría a quienes “realmente están tratando de hacer lo correcto”, según Carl Davis del Instituto de Tributación y Política Económica y afecta particularmente a comunidades que, como muestran datos del Instituto, aportaron casi cien mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales durante 2022.
La propuesta redefiniría los créditos bajo la Ley de Reconciliación de 1996, cambiando reglas establecidas.
Para Arizona, estado con una significativa población inmigrante, las consecuencias económicas se superponen a un historial costoso como el legado del exsheriff Joe Arpaio, condenado por perfilamiento racial, le ha costado a los contribuyentes del condado de Maricopa cientos de millones.
El costo total de su legado superará los trescientos cincuenta y dos millones de dólares para 2026, suma que se suma a más de cien millones en demandas y acuerdos.
Este contexto revela cómo las políticas migratorias agresivas generan grandes erogaciones públicas, pues los contribuyentes han financiado costos de cumplimiento judicial, supervisión federal y acuerdos por demandas durante años.
Incluso hoy, la oficina del sheriff no está en cumplimiento total, con un atraso de más de novecientas investigaciones internas; una situación que sigue drenando recursos.
La nueva regla fiscal, según el secretario del Tesoro Scott Bessent, busca hacer cumplir la ley y evitar que “extranjeros en situación irregular reclamen beneficios fiscales destinados a ciudadanos estadounidenses”.
Sin embargo, expertos como Daniel Costa ven esto como otra forma de ampliar la “red de deportaciones”, pues su aplicación requiere determinar el estatus migratorio de cada persona.
La afectación económica es dual: se restringe el poder adquisitivo de familias trabajadoras y se perpetúa un ciclo de gasto público en litigios.
Arizona ya gasta millones para corregir los efectos de políticas anteriores, y ahora podría ver reducido el consumo interno y esto ocurre mientras el estado impulsa leyes como la “Secure The Border Act”, avalada recientemente por un tribunal estatal.
Críticos señalan que la medida “anula disposiciones muy claras del código tributario”, en palabras de Brandon DeBot de la Universidad de Nueva York.
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Argumentan que negar créditos fiscales requiere una acción explícita del Congreso, no una reinterpretación administrativa; un cambio que, según Davis, carece de respaldo mayoritario legislativo.
La implementación está prevista para el año fiscal 2026, dando tiempo a desafíos legalesypara miles de familias inmigrantes en Arizona, esto significa incertidumbre financiera en un estado donde su contribución económica es vital, pero históricamente ha sido contrarrestada por políticas que generan altos costos sociales y fiscales.
