Thomas Galvin, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Maricopa. CORTESIA: Thomas Galvin Facebook.
Presidente de la junta del condado de Maricopa considera “obsceno” el gasto
El condado de Maricopa, Arizona, enfrenta una encrucijada financiera y operativa debido a la supervisión federal impuesta tras una demanda por perfil racial contra la oficina del sheriff.
Thomas Galvin, presidente de la Junta de Supervisores del condado, denuncia que este monitoreo ha costado a los contribuyentes 352 millones de dólares en 15 años, incluidos 2 millones anuales destinados al monitor designado por la corte, Robert Warshaw.
Galvin califica el gasto como “obsceno” y acusa a Warshaw de mover constantemente “los postes de cumplimiento” para perpetuar un ciclo de reformas infinitas que benefician económicamente al monitor mientras drena recursos públicos .
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La supervisión se remonta a una sentencia de 2013 contra las prácticas de perfil racial durante la era del sheriff Joe Arpaio, sin embargo, Galvin argumenta que la oficina del sheriff actual, bajo el mando de Jerry Sheridan, ha cumplido con todas las órdenes judiciales, pero los criterios de cumplimiento cambian arbitrariamente .
Esto, según Galvin, desvía a los agentes del sheriffato de sus labores esenciales: “En lugar de buscar criminales, detener drogas o prevenir crímenes, están en escritorios llenando papeleo” .
El impacto en la seguridad pública es central en la crítica. Galvin sostiene que la burocracia asociada al monitoreo federal—como llenar formularios tras cada parada de tráfico—deja a la comunidad “menos segura”.
Además, cuestiona la legitimidad de Warshaw al señalar que ni siquiera reside en Arizona y alega que ha sido deshonesto en reuniones comunitarias trimestrales.
Galvin enmarca el conflicto como un “asalto al federalismo” y una “tiranía silenciosa”, destacando que es un tema que trasciende divisiones partidistas.
Su postura refleja una tensión más amplia entre la autonomía local y la intervención federal, así como el desafío de balancear la rendición de cuentas con la eficiencia operativa.
El condado, que ya ha tenido cuatro sheriffs bajo esta supervisión, busca terminar con un ciclo que considera injusto y económicamente insostenible.
Mientras, la sombra de las prácticas de perfil racial persiste, recordando que el origen de esta medida fue garantizar derechos constitucionales y el dilema sigue entre costos millonarios, la necesidad de supervisión y la eficacia de una herramienta diseñada para prevenir injusticias.
